Competitividad y reformas para superar la crisis

El nuevo informe de la Fundación Faes desgrana algunos de los ingredientes centrales de la recuperación económica española:

No cabe duda de que las medidas de política económica aplicadas en España desde 2012 han situado a España en la senda una transformación estructural de la economía. La recuperación de la financiación exterior, una vez acalladas las dudas sobre el futuro del euro, y un acusado incremento de la competitividad están en la base de esta recuperación. Sin embargo, existen dos circunstancias que han aumentado sensiblemente la calidad y la credibilidad del proyecto permitiendo incluso atisbar ese potencial cambio estructural en la economía española.

Por un lado, las ganancias de competitividad no se han logrado devaluando la moneda, como era nuestra costumbre hasta que entramos en el euro. Basta recordar que, entre 1975 y 1995, España sufrió cuatro procesos devaluatorios con los resultados conocidos. En esta ocasión, la pertenencia a la moneda única nos ha obligado a poner en marcha una devaluación interna de precios, salarios y rentas con efectos mucho más retardados en el tiempo, políticamente muy dolorosa, pero mucho más positiva en términos de la credibilidad y la confianza que estamos obligados a generar tras el pinchazo de nuestra burbuja.

Por otro lado, la política económica también ha estado a la altura de las circunstancias. La aplicación de una razonable combinación de disciplina fiscal, saneamiento bancario y reformas económicas ha resultado un éxito en España. 

La reducción de la tasa de crecimiento económico necesario para generar empleo, el buen comportamiento del sector financiero desde los comienzos de la recuperación con significativas tasas de crecimiento del nuevo crédito, la compatibilidad entre el crecimiento económico y el desapalancamiento del sector privado a un ritmo considerable o el buen comportamiento de nuestras exportaciones, tanto en términos cuantitativos como en términos de diversificación y apertura de nuevos mercados, son todos ellos hechos relativamente inéditos en nuestra historia económica reciente que permiten avalar la tesis de la mejora estructural de nuestra economía. España, gracias a las políticas aplicadas y a la normalización de la zona euro, tiene una fantástica ocasión de operar un cambio estructural en la economía que le permita aprovechar mejor que hasta ahora las oportunidades de la globalización.

Sin embargo, el nivel de vulnerabilidad de nuestra economía sigue siendo muy elevado. Seguimos teniendo tasas de paro, déficit público y endeudamiento público y privado aún entre las más altas de los países desarrollados. 

PRIMER PILAR: COMPETITIVIDAD

España fue una economía cerrada al exterior durante buena parte del siglo XX. El aperturismo al modelo de mercado tuvo una primera fase con el Plan de Estabilización de 1959 y se profundizó desde 1986 con la entrada en las instituciones europeas:

Durante la autarquía España careció de materias primas y de fuentes energéticas con las que apoyar la producción (las importaciones se redujeron en exceso), pero además se produjo un fuerte deterioro de la productividad de la mano de obra al haber menos importaciones de maquina- ria. Además, España se mantuvo al margen de todos los organismos internacionales creados (FMI, BM, OECD, OMC, etc), hundiéndose más en su aislamiento. Solo en la dé- cada de los 50 se puso en marcha un tímido proceso de liberalización que cobró fuerza en 1959 con el llamado Plan de Estabilización Económica. Con el Plan de Estabilización se inició un periodo de fuertes cambios estructu- rales en la economía española y una época dorada para el crecimiento. Así, se redujo el peso de la agricultura en la producción y en el empleo al tiempo que aumentó el peso del sector exterior. España comenzó a abrirse a las importaciones de materias primas y de energía, que llegaron a nuestro país a buenos precios, pero también de tecnología, permitiendo el desarrollo industrial. Además, se aceleró el crecimiento demográfico, en parte por la mayor natalidad y en parte por la apertura al exterior que favore- ció la inmigración. 

La suma de todos estos hechos permitió la incorporación de España a los organismos internacionales y la convergencia con Europa, al menos hasta 1974, cuando estalló la crisis del petróleo, poniendo de manifiesto, entre otras cosas, la insuficiente liberalización vivida por España. Es entonces cuando se inicia un periodo de desaceleración que hace que se reduzca la inversión, crezca el paro y la inflación se dispare, perjudicando a la Relación Real de Intercambio y produciendo un fuerte déficit en la balanza por cuenta corriente.

Solo a partir de 1986, y ya como miembros de la Unión Europea, se inicia un nuevo proceso liberalizador, tanto de la industria como del sector financiero, pero también del comercio, renunciándose a las fronteras físicas dentro de la Unión en lo que al comercio de bienes, servicios y capital se refiere, y al de personas en el seno del área Schengen. 

El crecimiento ha evolucionado de forma irregular, si bien la media en términos de PIB real arroja una tasa anual del 3,46% frente al 2,63% europeo:

Desde que se inicia el proceso liberalizador de la economía española, el crecimiento económico de nuestro país ha atravesado por diferentes etapas. Con carácter general, el crecimiento del PIB real se sitúa, entre 1961 y 2014, en una tasa media del 3,46%, por encima de la media europea (2,63%), lo que ha permitido una cierta convergencia con nuestros principales socios comerciales. 

Si bien, este crecimiento, y como se muestra en el Gráfico 1, no ha sido regular en el tiempo. Hasta 1975 el crecimiento fue acelerado, con tasas que superaban el 7% en términos reales, mientras que a partir de ese año, y hasta el 2000, la tasa de crecimiento se desacelera para situarse en el 2,58%, muy cerca del 2,38% de la UE-15. A partir del año 2000 el crecimiento económico español ha atravesado dos etapas claramente diferenciadas. Así, hasta el inicio de la crisis el crecimiento del PIB real español supera al de la UE-15 en casi 1,5 puntos porcentuales; sin embargo, el inicio de la crisis en el año 2008 supuso un giro de 180 grados. Desde ese momento las tasas de crecimiento españolas se tornan negativas y, aunque se han recuperado en el último año considerado, lo cierto es que la tasa media de crecimiento es negativa, algo que no se había producido con anterioridad. 

En cualquier caso, pueden destacarse dos hechos, por un lado, que el crecimiento del PIB real se ha desacelerado con el tiempo, y esta es una realidad que ha afectado a España, pero también al conjunto del área de la UE-15, y por otro, que el crecimiento económico español ha alternado periodos de fuerte crecimiento, superiores al europeo, con otros de crecimiento inferior al de la UE-15. 

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Estudiar el sector exterior ayuda a comprender las dinámicas de crecimiento. Observando el periodo que arranca en 1961 y abarca hasta la actualidad, vemos que la internacionalización de nuestras empresas ha avanzado en tiempos de crisis:

En los periodos de expansión, tales como 1961-1974 o 1996-2007, la demanda externa ha restado crecimiento al PIB, mientras que durante los periodos de crisis el sector exterior consigue compensar, al menos parcialmente, la desaceleración que experimenta el crecimiento del PIB. Destacan en este sentido los periodos 1975-1986, 1993-1995 y el periodo comprendido entre 2008 y 2014. Igualmente, debe destacarse que para el conjunto del periodo analizado el sector exterior parece ser neutral, pues el crecimiento total del PIB real es fruto del aumento de la demanda interna. Esto nos lleva a preguntarnos por el papel que el sector exterior ha desempeñado, pero sobre todo desempeñará, en la economía española. 

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Justo antes del inicio de la crisis, España era, después de Estados Unidos, el país con mayor déficit comercial en términos absolutos, lo que sin duda amenazaba nuestra estabilidad económica. En la balanza por cuenta corriente se alcanzaron los valores más altos justo antes del inicio de la crisis, en 2007, con un -10% del PIB.

Este déficit comercial es fruto, sobre todo, de la partida de bienes, mientras que el sector servicios, impulsado por el turismo, presenta un superávit permanente. En cuanto a las transferencias, estas han experimentado un cambio importante en su tendencia, pues si bien hasta el año 2000 eran positivas para la economía española, el saldo de las mismas se volvió negativo con el comienzo del nuevo siglo, en parte por la buena situación de la economía española, lo que hace a nuestro país menos merecedor de las ayudas europeas que para el sector agrario y el empleo se incluyen en esta partida. La elevada dependencia que España presenta en determinados bienes de alto valor añadido, tales como la energía y los productos de alta tecnología, explican en parte este elevado déficit exterior.

La recuperación del sector exterior se ha logrado gracias tanto a un crecimiento de las exportaciones como a una reducción de las importaciones, más de la partida de bienes que de la de servicios. En definitiva, se ha producido una ganancia de competitividad que no se apoya en la devaluación directa de la moneda nacional.

Se hace necesario buscar una mejora de la competitividad que perdure en el tiempo. En este sentido, aumentos en la productividad de la mano de obra, disminuciones en los costes laborales, devaluaciones del tipo de cambio efectivo real y diferenciales de inflación favorables a la competitividad del país pueden ser, entre otros, medidas adecuadas para lograr la tan ansiada recuperación de la competitividad exterior. A largo plazo, factores más estructurales como el aumento del tamaño empresarial, la mayor flexibilidad del mercado de trabajo y del mercado de bienes, la mejora en la calidad de los productos, e incluso el cambio de modelo productivo y exportador buscando una especialización geográfica estratégica, aunque ello suponga abrir nuevos mercados. 

La mejora de la productividad ha ido por buen camino, aunque tiene mucho que ver con la crisis laboral:

La crisis económica ha permitido la recuperación de la productividad de la mano de obra, que pasa de tener un crecimiento medio anual del -0,04% en el periodo 2001-2007, a tenerlo del 2,18% a partir del 2008. 

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Ahora bien, hay que preguntarse cuáles son las razones que se esconden detrás de esta mejora. A nivel teórico, las mejoras pueden basarse en dos hechos. En primer lugar, en avances tecnológicos, aumentos en la calidad de los factores productivos, mejoras en la cualificación de la mano de obra y una reestructuración productiva, lo que traería consigo incrementos de productividad prolongados en el tiempo. En segundo lugar, en la destrucción masiva de empleo, en cuyo caso el crecimiento de la productividad solo será sostenible mientras el empleo no se recupere. 

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Una mejora de la productividad que afecte fundamentalmente a dos sectores (construcción y servicios) y que se base en la destrucción de empleo, no será perdurable en el tiempo; de lo que se deduce que esta mejora de la productividad no es, por sí sola, suficiente para garantizar que las ganancias de competitividad logradas se mantengan y avalen el cambio logrado en el saldo comercial con el exterior.

Uno de los factores que puede ayudar a sentar las bases de la productividad es la inversión privada, que se ha visto desplazada por el sector público:

En 1964, de la inversión total, casi el 90% procedía del sector privado, mientras que en el 2010 solo representa el 83%. El papel de la inversión pública ha aumentado a lo largo del tiempo, creciendo más que la inversión privada: la primera avanzó a una tasa media anual del 4,6% frente al 3,8% de la segunda. 

Otro factor que merece análisis es el de los sueldos y los costes laborales:

En lo que a los salarios se refiere, y a diferencia de lo que cabría esperar, durante el periodo de expansión el salario medio de los españoles mostró un decrecimiento medio anual de 0,38 puntos porcentuales. Si bien este mismo salario se incrementó durante el periodo de recesión, especialmente en los primeros años de la crisis, pues a partir del 2010 el crecimiento pareció moderarse para hacerse negativo a partir del 2011. La justificación se encuentra en que durante la expansión aumentó el empleo de la mano de obra de baja cualificación contratada con altos salarios, pero siempre más bajos que los de la mano de obra cualificada, por lo que el salario medio de los españoles experimentó algún retroceso. Por su parte, durante los primeros años de la crisis, las empresas españolas trataron de sortearla con el despido de la misma mano de obra que fue contratada durante la expansión. Solo una situación de crisis perdurable ayudó a corregir a la baja los salarios. 

Del mismo modo, durante la expansión España mostró un claro encarecimiento de sus costes laborales, fruto de problemas estructurales que lastraban el funcionamiento del mercado de trabajo. 

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Por otro lado, esta corrección de los costes laborales no se ha producido del mismo modo y con la misma intensidad en todos sectores de la economía. Mientras la corrección ha sido especialmente intensa en el sector de la construcción (con una caída acumulada de más de 18 puntos porcentuales) y en el primario (de más de 2 puntos porcentuales de media anual), apenas se ha dejado notar en el sector industrial, mientras que el sector servicios solo ha mostrado ligeras caídas en el periodo 2010-2012, siendo positiva (1,0%) la variación acumulada a lo largo del periodo de crisis. 

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La productividad tiene efectos visibles sobre los precios, ayudando a mejorar el poder adquisitivo. Aquí es importante analizar la inflación en clave española pero también europea:

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Esta desinflación ayuda a hacer más competitivo el “tipo de cambio real”. Es la llamada “devaluación interna”, una reducción de los precios en España que ayuda a mejorar la posición relativa frente a los demás socios europeos, ganando competitividad:

España fue poco a poco perdiendo competitividad a lo largo de todo el periodo de expansión y hasta mediados del 2008. Esta pérdida de competitividad fue resultado del diferencial positivo de inflación que a lo largo de toda la fase expansiva caracterizó a España. Por su parte, en la época de recesión, el comportamiento de la inflación parece haber calmado la escalada ascendente de nuestro tipo de cambio real, y si bien no se puede hablar de una verdadera depreciación de nuestro euro frente al euro del resto de países de la Eurozona-12, sí podemos hablar de un estancamiento de la pérdida de competitividad, que en periodos concretos de tiempo y fruto de la menor inflación vivida por España ha dado lugar a una depreciación real que ha mejorado nuestras exportaciones frenando nuestras importaciones. 

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Lo mismo ocurre con otras divisas: aunque el euro empieza a depreciarse en 2014, el tipo de cambio real de España empieza a mejorar antes.

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Tocando la cuestión exportadora, se recomienda “impulsar los sectores de alta tecnología, aumentar las inversiones de I+D, apoyar el desarrollo de grandes empresas, mejorar la formación, desregular el mercado de trabajo y liberalizar los mercados de bienes y servicios”.

TAMAÑO EMPRESARIAL

El reducido tamaño de las empresas en España es un problema:

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Este reducido tamaño empresarial tiene efectos negativos:

Las empresas más pequeñas son, en general, menos productivas, pagan salarios inferiores y más volátiles, innovan menos, están peor diversificadas tanto por la parte del activo como por la del pasivo, exportan menos, son más frágiles, tienen una mayor tasa de mortalidad, así como una menor vida media y, como resultado, una peor calidad crediticia que se traduce en peores condiciones de financiación.

Comparando tamaños similares, nuestras micro-empresas son menos productivas que las alemanas pero en las pequeñas, medianas y grandes las diferencias no son tan profundas:

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Los sueldos más elevados de las grandes empresas aparecen reflejados en la Central de Balances del Banco de España: “el gasto de personal por trabajador en las empresas grandes, y más productivas, se situó en 2013 cerca de los 37.000 euros, un 35% superior al de las microempresas”. Algo similar nos dicen los datos de la ESEE para el sector industrial: “el coste medio por ocupado de las empresas de mayor tamaño fue en 2012 alrededor de un 40% superior al de las pymes”.

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Además, “no solo el nivel salarial medio es más alto en las grandes empresas, sino que la evolución salarial también parece ser menos volátil en estas. Es decir, que si bien los trabajadores de las pymes ganan más poder adquisitivo que los de las grandes empresas durante la fase expansiva del ciclo económico, también pierden más poder adquisitivo durante la fase contractiva del mismo. Así, si bien el gasto de personal por trabajador de las pymes llegó a crecer a tasas cercanas al 5% en 2008, para pasar a con- traerse a una tasa del -0,4% en 2012 y 2013, el gasto de personal por trabajador de las grandes empresas creció a una tasa máxima del 3,6% en 2007 para tocar mínimos en 2012 y 2013, sin llegar a entrar nunca en terreno negativo”.

sueldo-por-tamaño-empresa-2Por otro lado, las grandes tienen menos costes laborales sobre el total de sus gastos, lo que ayuda a que los ajustes se aborden menos por esa vía y libera recursos para invertir y seguir creciendo:

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También es una cuestión de innovación: “de acuerdo a los datos del INE, casi el 30% de las grandes empresas realizaron algún tipo de actividad innovadora en 2013, frente a apenas el 5% de las pymes. Lo mismo ocurre dentro del sector industrial donde, con datos de la ESEE, solo el 20% de las pymes realizan algún tipo de actividad de I+D, frente al 70% en el caso de las grandes empresas. Cuanto más pequeña es una empresa, menor es su capacidad innovadora, lo que tiene un impacto negativo tanto sobre su productividad como sobre su poten- cial para generar empleo”.

Otro factor que influye: la internacionalización”. Y es que “el porcentaje de empresas españolas que exportan (61,1%), la propensión exportadora de las mismas (26%) y el porcentaje de las que invierten o subcontratan en el extranjero (4,2%) se encuentran muy por debajo de las ratios que observamos en el resto de países considerados (en media, 66,2%, 34,6% y 8% respectivamente), diferencial que podemos atribuir a la existencia de demasiadas empresas de reducido tamaño incapaces de invertir fuera ni de exportar”.

Lo vemos también en el número de nuevos mercados a los que llegan las compañías según tamaño:

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Pero incluso en cuestión de transparencia fiscal es conveniente que haya empresas más grandes, pues el fraude y la informalidad es menor:

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Incluso desde el punto de vista financiero hay ventajas, porque se logra una menor concentración del pasivo en el sistema bancario, reduciendo la dependencia de las grandes casas financieras y ampliando así el abanico de capitales disponibles.

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En lo tocante a la “mortalidad empresarial”, también el argumento se decanta a favor de las grandes: “de acuerdo a los datos de la Encuesta de Acceso de las pymes a Financiación que realiza semestralmente el Banco Central Europeo (BCE), mientras que la edad de las grandes empresas es superior a los 10 años en el 90% de los casos, el 80% de las pymes tiene una edad inferior a los dos años”.

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También la temporalidad baja cuando hay más empresas grandes:

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En clave de morosidad, el sector financiero también sale ganando con compañías de mayor tamaño:
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Otro aspecto interesante es el fiscal: “pese a representar el 74% del empleo y el 63% del valor añadido en España, las Pymes solo contribuyan con alrededor del 20% de los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto de Sociedades devengado. Y aunque no dispongamos de datos relativos a la contribución efectiva de las pymes a la recaudación total del impuesto de sociedades, estos datos nos hacen intuir que esta debe ser muy inferior a la de las grandes empresas, y ello pese a que determinados sectores de la sociedad insistan en acusar a las grandes empresas de no pagar impuestos”.

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¿Factores que influyen? Por ejemplo, la excesiva regulación:

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A nivel nacional, la regulación de numerosos ámbitos de actividad es mucho más obstruccionista en España que en la OCDE o los cuatro países más ricos de la UE:Captura de pantalla 2015-10-23 a las 12.23.38 Captura de pantalla 2015-10-23 a las 12.23.36 Captura de pantalla 2015-10-23 a las 12.23.30 Captura de pantalla 2015-10-23 a las 12.23.22 Captura de pantalla 2015-10-23 a las 12.23.20

Y atención: “es importante reseñar que los indicadores de la OCDE no incorporan los efectos de la normativa a nivel regional o local, por lo que, dada la elevada fragmentación re- gulatoria que existe en España, el indicador del comercio minorista de la OCDE estaría infraestimando notablemente la situación regulatoria real del sector”.

El sistema fiscal también influye en el crecimiento empresarial:

Cuanto mayor es el número de empresas de menor tamaño, mayor es el coste operacional y económico que le supone al Estado recaudar cada euro de más. Es por ello que, en aquellos países donde la propiedad está muy atomizada, el Estado tiene el incentivo de introducir regímenes tributarios especiales para las empresas de menor tamaño con la esperanza de que así se asegure un nivel mínimo de recaudación en dicho segmento empresarial. El problema es que esto supone un subsidio a las empresas más pequeñas y, por lo general, menos productivas, haciendo que el peso de estas crezca a costa de aquellas que son más productivas, lo que tiene un impacto negativo sobre la productividad a nivel agregado del país en cuestión. 

La existencia de tipos impositivos diferenciados por tamaño empresarial ha generado un “efecto cierre” en las empresas de modo que estas apenas tienen incentivos para crecer ante la perspectiva de pagar más impuestos. Tanto es así que, an-tes incluso de la reciente reforma tributaria, había tipos marginales distintos dependiendo de dos factores principales: de una parte, del tamaño de la empresa medido por su cifra de negocio (y a veces número de empleados); y de otra, del tramo de la base imponible. Así, el tipo marginal podía oscilar desde el 15% aplicado a una empresa de nueva creación en sus dos primeros años de base imponible positiva inferior a los 300.000 euros, hasta el 30% del tipo general, pasando por tipos del 20% y del 25% dependiendo del tamaño de la empresa. Esto se traducía en un tipo medio creciente en función de la facturación y, por tanto, del tamaño de la empresa que, de hecho, suponía un claro desincentivo al crecimiento empresarial. Si incluimos el im- pacto que tenían las deducciones, observamos que si bien el tipo efectivo de las grandes empresas era menor que el de las pymes, el de las medianas era mayor que el de las pequeñas y el de las pequeñas era mayor que el de las micro-empresas.

Con la entrada en vigor de la reciente reforma tributaria se ha mejorado notablemente este punto. No solo se ha eliminado la distinción de tipos en función del tramo de base imponible, sino que se ha reducido notablemente la diferenciación de tipos marginales por tamaño de empresa. Así, tras la reforma, con la excepción de un solo tipo reducido del 15% aplicable a las empresas de nueva creación durante sus dos primeros años de base imponible positiva, el tipo marginal se fija en todos los demás casos en el general, que será del 25% en 2016. Además, con la eliminación de buena parte de las deducciones, se espera que los tipos efectivos del impuesto por tamaño de empresa converjan, eliminando o, al menos, reduciendo el efecto “cierre” antes comentado. 

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Almunia y López-Rodríguez (2014) documentan una concentración sustancial de empresas justo por debajo del umbral de facturación de los 6 millones de euros, que es el límite a partir del cual las empresas son inspeccionadas por una unidad de la Agencia Tributaria, la Unidad de Grandes Contribuyentes, que dispone de más recursos para verificar las transacciones reportadas por las empresas. En este estudio, los autores estiman que la empresa marginal que decide situarse en el umbral reduce sus ingresos reportados en alrededor de un 10%, siendo este efecto más intenso en el caso de las empresas de menor tamaño (menos de 50 empleados y activos inferiores a los 2,4 millones de euros). Asimismo, el estudio también encuentra evidencia de una declaración inadecuada de gastos asociados a la adquisición de materiales y de los costes laborales entre las empresas que se encuentran por debajo del umbral anterior. 

La regulación laboral también perjudica el crecimiento empresarial:

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INNOVACIÓN

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Captura de pantalla 2015-10-23 a las 12.35.29 Captura de pantalla 2015-10-23 a las 12.35.06 Captura de pantalla 2015-10-23 a las 12.34.55
Captura de pantalla 2015-10-23 a las 12.34.31 Captura de pantalla 2015-10-23 a las 12.34.25 Captura de pantalla 2015-10-23 a las 12.34.17 Captura de pantalla 2015-10-23 a las 12.34.12 Captura de pantalla 2015-10-23 a las 12.33.57 Captura de pantalla 2015-10-23 a las 12.33.33 Captura de pantalla 2015-10-23 a las 12.33.25 Captura de pantalla 2015-10-23 a las 12.33.15¿Qué recomendaciones hace el informe en este capítulo sobre I+D?

REFORMAS EMPRESARIALES: APERTURA DE EMPRESAS Y FLEXIBILIDAD LABORAL

En su publicación Doing Business (2015), el Banco Mundial sitúa a España en la posición número 74 del mundo en cuanto a la facilidad para abrir un negocio. Es cierto que entre 2014 y 2015 España ha recuperado 41 posiciones en este indicador, pero aún hoy el coste de abrir una empresa es un 1,2% más caro, en términos de ingreso per cápita, que la media de la OCDE. El capital mínimo a desembolsar supone un 13,8% del ingreso per cápita en España y un 8,8% de la media de los países de la OCDE. 

La innovación empresarial está muy ligada al nacimiento de nuevas empresas. Simplificar su apertura, abaratar los costes y reducir los trámites necesarios debería favorecer el nacimiento de startups con alta capacidad de innovación y de crecimiento. Este tipo de empresas necesitan, además, una legislación laboral más flexible, que permita adaptar la plantilla a los vaivenes que cualquier compañía experimenta en su fase de nacimiento. 

El Global Competitiveness Report que elabora cada año el World Economic Forum (WEF, 2015), sitúa a España en la posición número 100 de 144 en cuanto a la eficiencia del mercado de trabajo. La innovación empresarial o universitaria está muy ligada a la realización de proyectos concretos que requieren de un alto nivel de especialización. La legislación laboral debe favorecer las contrataciones por proyectos e impulsar la transferencia de investigadores entre empresas, universidades y centros públicos. 

SEGURIDAD JURÍDICA

Doing Business ofrece también una valoración de la protección que la legislación española brinda a las empresas en cuestiones de patentes y de otros activos intangibles. Los resultados evidencian, de nuevo, un coste excesivo (6,1% del valor de la propiedad para España, frente a 4,2% de la media de la OCDE), así como un número superior de procedimientos a realizar. Los márgenes de rentabilidad de la innovación son, en muchos casos, mínimos. Por esa razón, cualquier reducción de los costes burocráticos asociados es particularmente beneficiosa en términos de atractivo exterior. 

España tiene dificultades para ofrecer una legislación transparente sobre las garantías legales que amparan a los pequeños accionistas, lo que es un problema ante proyectos de in- novación con financiación compartida. En la misma línea, el Banco Mundial reclama una legislación más sencilla y completa en materia de conflictos de interés. 

En lo relativo a las uniones temporales de empresas y a los proyectos compartidos bajo la modalidad joint venture, existe un amplio margen de mejora. La legislación sobre la cuestión debería recoger expresamente esta forma de unión e incorporar las distintas opciones legales derivadas de acuerdos internacionales con diferentes marcos jurídicos.

SECTOR PÚBLICO Y SECTOR PRIVADO

Por un lado, el sector público debe dejar espacio a la iniciativa privada que opera con incentivos más adecuados en el mercado de la innovación. Y por el otro, debe continuarse con la política de financiación de actividades de innovación desarrolladas en empresas y en centros educativos. 

Se ha detectado una importante carencia de investigadores y de personal centrado en actividades de I+D dentro de las empresas. Deben estudiarse incentivos para aquellas empresas que contraten empleados con estos objetivos. La consecución de innovaciones con impacto global pasa por un mayor protagonismo del sector privado, según los datos comparados estudiados

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