Benito Arruñada ante el buenismo regeneracionista

Esto decía Benito Arruñada en “La culpa es nuestra”:

Tras constatar que las reformas necesarias para salir de la crisis solo se aplican tarde y mal, crece el número de quienes culpan al sistema político o a los propios políticos, y proponen rupturas institucionales costosas y arriesgadas. Se equivocan, porque el fallo principal no reside en las instituciones sino en los ciudadanos. De hecho, las decisiones tomadas voluntariamente por nuestros gobernantes se ajustan a las preferencias de la mayoría: somos los europeos más partidarios de que el Estado controle la economía, de que resuelva todos nuestros problemas y nos imponga una fiscalidad redistributiva, por no hablar de nuestra resistencia a recortar el gasto público o a liberalizar el mercado de trabajo.

Nos retrata bien una reciente encuesta de la Fundación BBVA. A la vez que nos permitimos ser los europeos más críticos con políticos e instituciones, somos los que menos nos molestamos en informarnos. Decimos odiar la corrupción, pero ni siquiera dejamos de votar a políticos corruptos. Cuando no desdeñamos la política, nos comportamos como forofos, más que como ciudadanos. Tal parece que nuestro enojo se deba a que la política ya no puede darnos el maná de consumo al que nos habíamos habituado. Queremos reformas, pero que duelan solo a los demás. Y puestos a elegir, ninguna opción política real satisface nuestros deseos. Tampoco es casual que nuestras respuestas a las crisis de 1957, 1973 o 2008 hayan sido del tipo “tarde, mal y nunca”, y eso que las instituciones eran bien distintas.

Por ello es superficial responsabilizar de la situación solo a los políticos, a las élites o las instituciones. Cambiarlas es costoso y no asegura nada. Y es erróneo exonerar a las masas. En realidad somos igual de “extractivas” que las élites: el fraude no campea solo en la fiscalidad de grandes fortunas, sino también en la economía sumergida y las prestaciones sociales. Además, las masas somos, probablemente, más “disipadoras”: nuestro mayor derroche, la sobreinversión en obras públicas, cuenta con apoyo general y, más que distribuir rentas, las dilapida. Semejante maniqueísmo entre masa y élite sería de esperar del votante común, pero no de los intelectuales. Se arriesgan a cometer un error similar al de la Generación del 98: despreciar los logros de la Restauración y hacer una tabla rasa institucional en la que se vuelven irrelevantes.

Ciertamente, la solución no es solo económica, pero la ruptura institucional está condenada a fracasar: la principal avería no está en la transmisión de nuestras preferencias, sino en su inconsistencia. Lo queremos todo sin aportar nada. En especial, lo queremos todo del Estado sin cooperar en su control y menos aún en su mantenimiento. En esas condiciones, incluso podrían fallar las reformas que lograsen aumentar la competencia entre partidos políticos. Como pone relieve el caso catalán, una mayor competencia política, en vez de generar más información y mejores decisiones, puede abundar en la propaganda y el populismo.

Hagamos inevitable el informarnos, como sucede en las comunidades de vecinos. No son perfectas, pero ni despilfarran recursos ni atienden a afiliaciones políticas

Necesitamos reformas que traten la raíz del problema. Deben aspirar a que nuestras preferencias como ciudadanos se hagan más racionales, compensando nuestra escasa disposición a informarnos y cooperar en el control de lo público. Para ello, hemos de reducir los costes de información ciudadana, de modo que nuestra educación cívica sea automática. Hagamos evidentes el pago de impuestos y el uso de los servicios públicos: menos cargas fiscales ocultas (IRPF “a devolver”, precios con IVA, seguridad social “a cargo de la empresa”) y menos secretismo sobre la eficacia relativa de los servicios públicos (publiquemos, por ejemplo, cuánto gana el licenciado de cada centro universitario). Hagamos inevitable el informarnos, como sucede en nuestras comunidades de vecinos. No son perfectas, pero ni despilfarran recursos ni atienden a afiliaciones políticas para castigar la corrupción de sus presidentes y administradores. Están gobernadas por españoles, pero opera en ellas la inmediatez e incluso, ante casos de fraude, el instinto de posesión. Cabe activar fuerzas similares en el plano público: por ejemplo, divulgar sueldos públicos y contribuciones fiscales reclutaría para el bien común esas inclinaciones naturales al cotilleo y la envidia que nunca nos hemos molestado en domesticar culturalmente.

Esa mejor conciencia de lo público homogeneizaría con Europa nuestras actuales preferencias, hoy más estatistas y contrarias a la competencia. Quizá así aceptemos introducir los incentivos individuales que aseguran el bienestar. Entre nosotros, han de ser más individuales que en aquellos países cuya cultura lleva a sus ciudadanos a vigilar que ninguno escurra el bulto en su aportación al bien común. Es un asunto clave, porque los fallos de acción colectiva no solo plagan la política, sino todo tipo de ámbitos, desde la educación a la empresa, desde las profesiones a los medios de comunicación. Necesitamos esos incentivos “compensatorios” de nuestros valores para ajustar mejor las retribuciones a las conductas.

El incentivo individual es la base de nuestros campeones, ya sean empresariales, deportivos o artísticos: esos españoles no triunfan porque abdiquen de sus valores, sino porque trabajan en contextos con reglas estables que les retribuyen por rendimiento. El modelo es aplicable a todo tipo de actividades; pero somos los ciudadanos los primeros que nos resistimos a adoptarlo. No solo las élites.

Estos temas volvían a aparecer en “La convergencia entre tecnocracia y populismo”:

 

Para un populista, el mercado es el responsable único de la crisis y pretende salir de ella aumentando el control político de la economía. Como cree que la voluntad política se impone a las restricciones económicas, no sólo quiere corregir los fallos del mercado, sino suplantarlo.

Mucho regeneracionista tecnocrático cree defender el mercado; pero en el fondo sirve al populista, pues le ayuda a desprestigiarlo. Además, ambos prescriben recetas similares en política, pues proponen mejorar su funcionamiento sin más que elegir otros representantes, según el populista, o cambiar algunas reglas institucionales, según el tecnócrata. En ambos casos, sin que los ciudadanos hayan de esforzarse lo más mínimo.

Esta convergencia de fondo está disimulada en la superficie. El populista se limita a cultivar el resentimiento. El tecnócrata critica al gobernante por no regular bien la economía. Le acusa de servir el interés privado de la élite, de la cual, como el populista, no sólo excluye a la masa sino también a sí mismo. En su análisis, compara un mercado imperfecto, poblado de empresarios egoístas y decisores desinformados, con una regulación que presupone circunstancias opuestas: en particular, un regulador benevolente y sabio, capaz de corregir los fallos del mercado y mejorar su funcionamiento.

Este planteamiento es falaz porque las dificultades informativas del mercado subsisten y a menudo se agravan tras regularlo; y, además, el regulador no es mejor ni peor que el empresario. Sin embargo, lejos de reconocer las limitaciones intrínsecas de la regulación, el tecnócrata culpa de sus fallos al regulador por no ser tan benevolente o tan sabio como él le supone. Eso le permite seguir prometiendo que puede regularlo mejor. Así es que llevamos décadas tratando de mejorar la regulación sin ninguna señal de éxito. Nuestra demostrada incompetencia regulatoria aconsejaría regular menos, reduciendo la masiva discrecionalidad política, regulatoria y judicial, pero interesa insistir en la pretensión de regular mejor. La regulación da poder.

Las dificultades informativas del mercado subsisten y a menudo se agravan tras regularlo

El tecnócrata tampoco valora que, dentro de las actuales restricciones macroeconómicas, nuestro sistema político responde fielmente a lo que desea la mayoría de la población. En esencia, nuestros gobiernos han liberalizado tarde, mal y nunca; han recortado lo mínimo posible el gasto público; y muchos de sus miembros se han aprovechado personalmente todo lo que les ha permitido una ciudadanía poco dispuesta a informarse y usar el voto como castigo.

Con su crítica a mercados e instituciones, el tecnócrata se convierte así en un útil compañero de viaje del populista, pues le ayuda a subvertir el mercado y cambiar las instituciones. Y ello aunque ambos divergen en sus objetivos. En el mejor de los casos, el tecnócrata quiere cambiar las instituciones para aumentar la competencia entre los políticos. Cree que así se acercaría al gobernante y éste acometería políticas más sensatas, permitiría más competencia en los mercados y mejoraría la regulación; políticas dolorosas e impopulares, pero que son socialmente rentables a largo plazo. Por el contrario, el populista quiere cambiar las instituciones para llegar al poder y aplicar políticas que reducirían la competencia y empeorarían la regulación, políticas que cuentan con notable respaldo, pues, aunque ruinosas, parecen gratificantes a corto plazo.

Dada esta divergencia, cuando llega al poder un gobernante populista, el tecnócrata se siente frustrado, hoy igual que en 1931, pues las políticas aplicadas se alejan aun más de sus recomendaciones. Sin embargo, este alejamiento es la consecuencia probable de intensificar la competencia política con una ciudadanía desinformada. Es más , el propio tecnócrata empeora esta información cuando limita su crítica a élites e instituciones, pasando por alto la responsabilidad cómplice del ciudadano.

Para evitar que la mayor competencia política degenere en populismo, un fenómeno visible ya tanto en el ámbito regional como nacional, debemos mejorar la calidad de la información ciudadana. La solución radical y democrática pasa porque el ciudadano esté mejor informado y sus preferencias sean más consistentes. No me refiero a que reciba más educación formal, cuyo valor en este terreno es discutible. La solución pasa porque el ciudadano no pueda evitar enterarse de cuáles son los costes reales de sus deseos y conozca al menos cuántos impuestos paga por persona interpuesta. Pasa, idealmente, porque sienta cuánto paga por la sanidad, las becas, el AVE o las televisiones públicas; porque sepa que la educación pública que reciben sus hijos es mucho peor que la que reciben los de otros ciudadanos. Que tema, en fin, que nunca cobrará esa pensión por la que lleva media vida cotizando mucho más de lo que indica su nómina.

Sin este cambio en la estructura informativa de la fiscalidad y los servicios públicos, las reformas institucionales que sólo intensifiquen la competencia entre partidos y representantes nos condenan a la frustración, cuando no al populismo. Mejorar la información es una solución mucho más radical, pero también más segura, y hasta fácil, pues compromete menos intereses creados. Claro que con dos excepciones en esto de los intereses creados: Populistas y tecnócratas difieren en que querrían suplantar y mejorar el mercado, pero ambos quieren hacerlo sin contar con la voluntad de los ciudadanos. Esto les iguala moralmente, pues la supuesta ilustración no justifica el despotismo.

Arruñada ha firmado también “Viejos y nuevos intelectuales”, al alimón con Víctor Lapuente:

En 1914 pronuncia Ortega su famosa conferencia Vieja y nueva política, símbolo del compromiso intelectual contra la Restauración y su sistema político bipartidista, clientelar y corrupto. Observadores diversos, de Esperanza Aguirre (Abc, 30-06-2014) a Andrés Ortega (EL PAÍS, 15-05-2013), han advertido los paralelismos obvios entre la situación que criticaba Ortega y la actual. Creemos que hay otro paralelismo, menos obvio pero más trágico: el papel tóxico de nuestros intelectuales. Como ha señalado José M. Marco, no solo Ortega, sino muchos otros, de Costa a Azaña, contribuyeron con su “palabra candente” a destruir nuestro régimen liberal. Tanto polarizaron el debate político que lo alejaron de pautas sosegadas y constructivas. Acallaron así las voces realistas y pragmáticas, las de aquellos que proponían las soluciones pactistas e incrementalesque nos hubieran acercado a los países avanzados.

Un siglo después, estamos tentados a repetir el mismo error. De entrada, porque admiramos el compromiso político de nuestros intelectuales, sobre todo el de la generación del 14, la “más cualificada y brillante de nuestra historia contemporánea” (Luis Arias, EL PAÍS, 31-03-2014). Y, en particular, el de Ortega, “el mayor escritor español del siglo XX” (Javier Cercas, EL PAÍS, 17-08-2014). Por desgracia, ese compromiso ha sido, y es, aciago. Ante todo, porque mucho intelectual español cae, con Ortega, en tres grandes vicios: exagerar los problemas, compararlos con referencias irreales y agregarlos en términos inmanejables.

Tanto en la Restauración como ahora, los relatos de moda usan con alegría adjetivos de calibre orteguiano para pintar un cuadro desmedido, el de una España “caduca” y “cadavérica” que “está acabando de morir” porque “nuestro problema es mucho más grande, mucho más hondo”. Metáforas de similar calado se han reiterado tanto que hemos acabado por despreciarnos, hasta llegar a la anomalía de que, según una encuesta global de Pew, nos vemos mucho peor que como nos ven los extranjeros.

En segundo lugar, una y otra vez, nuestra intelligentsia comete lo que los institucionalistas llamamos un error coasiano, comparando una realidad defectuosa con su ideal favorito, en lugar de compararla con otras realidades, como las de países vecinos (Portugal, Italia, incluso Francia). O con la de parientes venidos a menos tras aventuras similares a las que hoy nos propone Podemos (Cuba, Argentina, Venezuela).

Ese idealismo es perjudicial porque, al prometer un porvenir glorioso, invita a dar un salto en el vacío. Máxime cuando usa la razón para excitar las emociones de las masas. Ortega nos exhorta a rebelarnos contra la “corrupción organizada”, en una insurrección que no difiere mucho de la de los indignados actuales cuando claman contra una “casta” de la que también estos se distancian. Hasta los círculos de Podemos recuerdan la red que Ortega concebía como “órgano de propaganda y órgano de estudio del hecho nacional” y que sugería basar en “lazos de socialidad —cooperativas, círculos de mutua educación; centros de observación y de protesta”, una “red de nudos de esfuerzo” para construir un “sistema nervioso” con el que canalizar la auténtica voluntad del pueblo y así “penetrar en el fondo del alma colectiva”. Una red popular dentro de un proceso que se nos presenta como educativo y bottom-up. Aunque, no nos engañemos, ayer como hoy el liderazgo está claro. Ortega nos animaba “a ser primero amigos de quienes luego vamos a ser conductores”, y Podemos se ha movido ya en esa dirección.

Coincide también Ortega con Podemos en su visión de la política, una visión dañina porque la plantean como lucha y no como conciliación, desdeñando el orden público y el Estado de derecho (una “nimiedad”, una “ficción jurídica”). Ortega desacredita incluso la idea de Cánovas de que no “haya vencedores ni vencidos”, quizá lo más loable de la Restauración, preguntándose si “¿no os suenan como propósitos turbios estas palabras? Esta premeditada renuncia a la lucha, ¿se ha realizado alguna vez y en alguna parte en otra forma que no sea la complicidad y el amigable reparto?”. Pues bien, don José, 100 años después sabemos que sí. La renuncia a la lucha no solo es positiva, sino que es la base misma del Estado de derecho o, si se prefiere, del Estado de bienestar. solo que hoy las excusas de lucha vuelven a tener demanda.

Por último, no solo eran perniciosos el diagnóstico y el método de nuestros regeneracionistas de hace un siglo, sino también su forma de enfocar los problemas políticos y su desprecio por la economía. Hoy aún se admira que Ortega quiera “cambiar a España de raíz” (Vargas Llosa, EL PAÍS, 29-06-2014), o incluso que sea “radicalmente radical, porque va a la raíz de los problemas” (Cercas). Craso error. Buscar la raíz de nuestros problemas tratando de hallar la “opinión verdadera e íntima” de los españoles, como pretendía Ortega, es fútil y contraproducente. Científicos sociales, de Charles Lindblom a Roland Coase, pasando por Karl Popper, han demostrado que es más efectivo pensar en cambios incrementales y alternativas factibles. Lamentablemente, el pragmatismo exige más análisis y no es tan mágico ni espectacular como las enmiendas a la totalidad.

Enfrascados en buscar la raíz de todos los problemas, nuestros intelectuales han alimentado sueños colectivistas. La fe en que un Estado bien dirigido resolvería los problemas cotidianos caló de tal forma que hasta pequeñoburgueses ilustrados, que hubieran podido abanderar el liberalismo político, entendieron, como Azaña, que el Estado era el “único Dios de quien podemos esperar”. Esa idea regeneracionista de la “Política” como instrumento transformativo de la sociedad, que expulsa a la “política” como facilitadora de proyectos individuales, sigue viva hoy día. Late en el mantra de que debemos “buscar la utopía” y en la queja de que el mercado reina sobre la política. Pero la utopía es solo una trampa, y el mercado solo nos recuerda que vivimos en un mundo de recursos limitados.

Nuestra crítica no es una defensa del statu quo. El régimen actual tiene mucho margen de mejora, como también lo tenía el de la Restauración. Leandro Prados y sus coautores estiman que, entre 1880 y 1913, nuestro PNB por habitante cayó del 83,3% al 72,3% respecto a los principales países europeos. Pero eso no disculpa a aquellos intelectuales que, por su idealismo estéril, no podían identificar la causa de esa debilidad relativa de España. Como ha demostrado Pedro Fraile, lo que nos apartó de Europa no fue el exceso de capitalismo, tan denostado por Ortega, sino su defecto: la poca y decreciente exposición de nuestra economía a la competencia, tanto nacional como internacional. Que los intelectuales del 14 pregonaran un mensaje aun más contrario al mercado solo facilitó la tarea a los proteccionistas, los verdaderos responsables de nuestro retraso.

Pero no se trata aquí de hacer un balance ventajista del pasado, sino de sacar lecciones para un presente en el que corremos riesgos parecidos. Y no por el auge de argumentos populistas, sino porque, como hace 100 años, muchos discursos intelectuales los abastecen de excusas. Evitemos caer en el mismo error. Si bien hoy ya pocos menosprecian la economía, muchos, a ambos lados del espectro ideológico, comparten con Ortega un análisis maniqueo de la realidad en términos de “élites extractivas” o de un “capitalismo de amiguetes”. Al exonerar a las masas (como si estas no fueran también extractivas, sino víctimas inocentes), los intelectuales alimentan de odio y revanchismo la política. Justifican así iniciativas que, al socavar la economía de mercado, nos condenarían a décadas de pobreza.

En 2014, como en 1914, han proliferado los diagnósticos tremendistas, las ensoñaciones colectivas y la polarización. Esta tríada es atractiva mediáticamente, pero es nociva para la convivencia y el progreso. Debemos abandonar los discursos maniqueos y victimistas, pues fomentan la irresponsabilidad. Y vencer la tentación del verso candente y el idealismo, para prestar más atención a la prosaica tarea de comparar y construir realidades.

El profesor de la Universidad Pompeu Fabra tocó de nuevo esta cuestión con “Error y corrupción del regeneracionismo”:

Últimamente, ha vuelto a arraigar en España la falsa creencia de que la política transmite mal las preferencias ciudadanas porque los políticos persiguen sólo su propio beneficio o el de una “élite extractiva” que explota al resto de la sociedad. Esta explicación, tan simplista como maniquea, resulta atractiva en tiempos de crisis, sobre todo al aflorar casos de corrupción. Su atractivo es peligroso, pues no sólo anima al revanchismo sino que hace creíbles soluciones mágicas: aquéllas que, sin ofrecer garantía alguna de mejora, propugnan cambios drásticos, costosos y arriesgados en los mecanismos de representación política.

Hoy, estas propuestas se presentan en versiones aparentemente diversas, según a quién identifiquen como élite, a qué fenómenos presten atención, a las ideologías de que se nutran y a su ubicación en el paisaje político. Por ejemplo, critican tanto una nebulosa “casta” política como el supuesto bipartidismo del “PPSOE”, el establishment económico-empresarial, los antiguos sectores monopolistas, el corporativismo patronal y sindical, la banca, o el capitalismo “castizo”, “de amiguetes” o del “palco del Bernabéu”. Presentan también notable diversidad ideológica, pues ocupan todo el espectro político y técnico, en varias de sus dimensiones: desde la izquierda a la derecha; desde posiciones socializantes a anarco-capitalistas; desde ofertas políticas alternativas, que pretenden sustituir a los partidos establecidos, hasta fórmulas tecnocráticas que responsabilizan a los gobernantes y parecen querer reemplazarles. Incluso se plantean tanto en términos nacionales como regionales: por ejemplo, en el discurso del nacionalismo catalán, es la propia España quien representa el papel extractivo.

Cuando escribo estas líneas, se cumplen cien años de la conferencia de Ortega y Gasset sobre “Vieja y nueva política”, el principal manifiesto de varias generaciones de intelectuales que, sintiéndose marginados del régimen democrático de la Restauración de 1875, despreciaron sus logros, su democracia y, en especial, su pragmatismo e incrementalismo. Para avanzar su programa, no se privaron de construir una imagen distorsionada de España. Como hacen quienes hoy exageran la gravedad de la crisis, los intelectuales de 1914 fabricaron un relato hipercrítico, basado en mitos tales como el desastre de 1898, la falaz contraposición de “la España oficial y la España vital” o el carácter excepcional de los problemas españoles. Incluso interpretaron la historia de aquellos años como un fracaso, cuando España experimentaba un crecimiento notable durante el primer tercio del siglo XX. No contentos con eso, protagonizaron la ruptura del orden constitucional al apoyar la dictadura de Primo de Rivera (1923) y aliarse con movimientos revolucionarios de uno u otro signo para acometer una tabla rasa institucional. Tabla rasa de la que, como era previsible, se desengañaron enseguida, aunque pocos de ellos tuvieran el coraje de reconocer su propia responsabilidad.

Pese a sus diferencias, las propuestas regeneracionistas de hoy, como las de ayer, coinciden en exonerar al ciudadano de toda responsabilidad. Culpan preferentemente a los políticos como en otros momentos de la crisis culparon a los especuladores, a los banqueros o, antes, a los caciques y siempre, de un modo u otro, a los ricos. Cuando menos, se convierten así de hecho en aliados de planteamientos populistas que sitúan toda la culpa en la élite y prometen a las masas el bienestar a cambio de un esfuerzo político puntual para sustituirla. Se supone implícitamente que, a continuación, sólo tendría que seguir el dictado de los intelectuales de turno. Justifican así de hecho la aparición de élites alternativas, las cuales se supone que, una vez en el poder, decidirían en función del interés público, sin necesidad de que el ciudadano hubiera de ejercer una acción política continuada.

Para evaluar estos argumentos regeneracionistas, igual los de 1914 que los de 2014, conviene tener presentes dos aspectos prosaicos cuyo olvido suele dar lugar a no pocos errores: primero, el carácter inevitable de los fenómenos de corrupción o, con más precisión, de extracción de rentas; segundo, y en parte como consecuencia, la importancia de contener el volumen de rentas potencialmente extraíbles, y no tanto porque las rentas se capturen, sino, sobre todo, porque, para lograr su captura, derrochamos gran cantidad de recursos.

El porqué de la corrupción

De entrada, es preciso desterrar el idealismo para tener en cuenta que los fenómenos de extracción, apropiación o captura de rentas son inherentes a todo proceso de especialización e intercambio, ya se organice mediante instituciones, en la política, o mediante contratos, en el mercado. Para ser útil, toda especialización de funciones requiere intercambios que, a su vez, plantean asimetrías informativas; y éstas, en un mundo poblado por seres egoístas, ofrecen la posibilidad de extraer rentas. Es inevitable por ello que todo tipo de especialización e intercambio, genere oportunismo y dilapide riqueza.

Este reconocimiento debe llevarnos a evitar la falacia en que incurrimos al comparar implícitamente la realidad con un mundo ideal en el que fuéramos ángeles o no existiera desviación alguna de intereses entre los protagonistas de la especialización y el intercambio, tanto si éstos se refieren a vendedores y compradores en el mercado como a gobernantes y gobernados en la política, o a funcionarios y contribuyentes en la administración pública. Hemos de comparar la realidad con soluciones alternativas posibles, no con entelequias. Menos aún podemos comparar realidades distorsionadas con utopías. Hay aquí un lección importante para muchas posiciones que parecen radicales sin serlo, como es el caso de los idealismos de toda condición, tanto los socialistas, a favor de la política, como los liberales, a favor del mercado. También el de quienes proponen una nueva constitución cuando la sociedad está tan polarizada que difícilmente podríamos consensuarla, o el de los nacionalistas que prometen un estado-maná cuya organización ni se molestan en describir.

Intervencionismo y corrupción

Por otro lado, y tanto para valorar las diversas opciones como para repartir responsabilidades entre masa y élite, un reparto de notable trascendencia política, conviene entender que el volumen de rentas apropiables y, por ende, la corrupción son mayores cuanto más intervenida está la economía. Asimismo, conviene también entender que, al menos en la España actual, este intervencionismo económico responde fielmente a las preferencias de los ciudadanos.

En efecto, en cuanto al primer punto, las mayores bolsas de corrupción corresponden a los principales programas de intervención pública, ya se trate de obras y concesiones, de energías renovables o del seguro de desempleo o la fiscalidad. Recordemos también que España alcanzó el máximo de corrupción en la posguerra, cuando el estado intervenía tanto la economía que, al eliminar los correctivos automáticos del mercado, estimulaba una corrupción generalizada, que incluía desde el estraperlo masivo de productos básicos a las corruptelas ligadas a la concesión de licencias de importación, el tráfico de divisas o los circuitos privilegiados de financiación.

Ayer como hoy, el motivo es el mismo: muchas intervenciones vienen a fijar precios explícitos o implícitos artificialmente bajos, con lo que generan una “exceso de demanda” que pasa a ser racionada por políticos y burócratas, quienes quedan así en posición de vender la diferencia de valor. Lo hemos constatado hasta la saciedad con la corrupción municipal en la concesión de licencias urbanísticas y de apertura de establecimientos empresariales, pero ha sucedido algo parecido, aunque de forma más silenciosa, en muchos otros sectores, como las instalaciones de energía renovable o la concesión de créditos empresariales por las cajas de ahorro. En la posguerra, estos fenómenos eran casi generales. Desde entonces, se han reducido, al liberalizar parte de la economía, pero aún quedan muchos mercados y sectores excesivamente intervenidos, desde los mercados de trabajo, alquileres y suelo a las infraestructuras y la energía, por no hablar de la educación y la sanidad, dos ámbitos casi sovietizados, no sólo en su financiación (lo cual puede ser comprensible si deseamos asegurar el acceso a toda la ciudadanía) sino también en su producción mediante organismos públicos en régimen de monopolio (lo cual es mucho menos justificable).

Tenemos la política que queremos

En cuanto al segundo punto, por mucho que detestemos las consecuencias de este intervencionismo, es esencial entender que refleja fielmente nuestras preferencias ciudadanas, pues los españoles somos los europeos más críticos con la economía de mercado. Además, no creemos que sea el sistema más conveniente pero sí el que causa más desigualdad. Y también somos los más partidarios de que el estado controle la economía: no sólo le atribuimos la responsabilidad por servicios como sanidad y pensiones, sino también por elementos tan fundamentales del mercado como son precios, salarios y beneficios.

Ciertamente, mucho ciudadano apoya el intervencionismo público porque cree que la intervención servirá un interés colectivo, y esa fe encuentra apoyo en la engañosa apariencia que presentan los problemas sociales, que parecen ser mucho más sencillos y manejables de lo que son en realidad. Un ejemplo obvio es la falacia ordenancista en la que caemos diariamente, según la cual basta dictar una regla para cambiar la realidad en el sentido que deseamos. Al pensar así, olvidamos la reacción de los individuos, que suele hacer imposible aplicar las reglas, y lleva a que sus consecuencias sean poco previsibles y a menudo contraintuitivas. Pero, a posteriori, echamos la culpa a los individuos y no a que nos hayamos equivocado.

Las llamadas ciencias sociales deberían rescatarnos de esta creencia errónea en la controlabilidad de los problemas sociales y económicos. Sin embargo, por el contrario, más bien la refuerzan, debido a la actitud interesada de muchos intelectuales, empezando por la mayoría de los economistas. Éstos, hoy como en 1914, en vez de explicar las limitaciones que sufrimos para prever el impacto de la regulación y los cambios institucionales, venden sus recetas como si fueran soluciones científicas, ocultando además su interés en que el mercado esté lo suficientemente intervenido para hacer que su propia función sea relevante. Además, cuando, casi indefectiblemente, la aplicación de sus recetas sale mal, le echa la culpa al político, por no haberle escuchado debidamente o no haber aplicado algunos de sus elementos, generalmente aquellos que resultan inaceptables para el electorado.

Arropado con tal colección de recetas y excusas, es lógico que el ciudadano crea que los problemas sociales tienen solución y que su persistencia se debe a la incompetencia o a la mala voluntad de los gobernantes. Además, cuando observa que los gobernantes se corrompen, no se para a pensar si la corrupción podría haberse evitado de raíz reduciendo el intervencionismo y eliminando así la ocasión para corromperse, sino que su observación le reafirma en un enjuiciamiento ingenuamente moral del fenómeno. Lo que es más grave: el sentimiento de agravio personal le predispone a apoyar cambios que se presentan como revolucionarios, pero que, en realidad, son superficiales y consisten en reemplazar a los gobernantes o incluso intensificar la intervención, lo que pronto acaba empeorando el problema.

Más que redistribuir, la corrupción destruye

Por último, no está nada claro que en España el principal problema sea la captura de rentas, sino más bien la destrucción de recursos en que incurrimos para capturarlas. En gran medida, más que apropiar rentas, con consecuencias meramente distributivas, las destruimos al competir por capturarlas, viéndose entonces también afectada la eficiencia.

Esta “disipación” de rentas está presente por doquier. Por ejemplo, enchufar a un amigo en un cargo sobre-retribuido  redistribuye riqueza y es injusto, pero el daño principal que ocasiona no reside tanto en esa redistribución como en el derroche que provoca, tanto para conseguirlo como ulteriormente, sobre todo si el amigo no es quien mejor puede desempeñar el cargo.

De modo similar, quienes operan en régimen de economía sumergida extraen rentas, por cuanto se benefician de unos servicios públicos que no sufragan. Sin embargo, en la medida en que muchas actividades sumergidas presentan escasas barreras a la entrada y rige en ellas la competencia, quienes las desarrollan están, más que extrayendo, disipando rentas. Considere un ejemplo concreto: la competencia a que están sujetos los pequeños negocios familiares que evaden buena parte de sus impuestos y cotizan cargas sociales sólo por una fracción de su personal asegura que sus precios sean bajos y sus rentas mínimas. El coste social que generan hay que buscarlo más bien en una escala empresarial minifundista y una financiación de los servicios públicos desequilibrada.

Asimismo, la excesiva inversión en energías alternativas y obras públicas —nuestro mayor derroche en las últimas décadas— no incurrió tanto en apropiación de rentas como en disipación, pues ha destruido valor de forma masiva. La apropiación de, digamos, el 3% del presupuesto de una obra pública consume escasos recursos comparado con el 97% derrochado cuando esa obra es tan disparatada que ni siquiera llega a inaugurarse.

La responsabilidad intelectual

Ciertamente, extracción y disipación están relacionadas. Por ejemplo, la posibilidad de apropiar una comisión anima al político a invertir en exceso. No obstante, esa preferencia hubiera sido ineficaz si el ciudadano se hubiera esforzado mínimamente en vigilar ese tipo de decisiones. Sin embargo, pese a la mayor importancia de la eficiencia, y, por tanto del volumen y la disipación de rentas, la discusión sigue girando casi en exclusiva sobre la distribución, lo cual parece indicar que se usa sólo como instrumento de discusión intelectual y política, aprovechando su fácil acomodo, casi intuitivo, en los discursos populistas.

Es coherente con esta interpretación el que las propuestas de regeneración apenas ataquen el intervencionismo del estado en la economía, que es causa primordial de la corrupción; o incluso defiendan un intervencionismo a ultranza, con una economía socializada o corporativa, como de hecho hacía, en el fondo, la generación de 1914. Está claro hoy que la solución no va por esos derroteros. Pero tampoco reside en regular mejor o con más independencia, objetivos éstos que de forma reiterada se han demostrado inalcanzables, sino en regular menos, de modo que haya también menos incentivos para dedicar recursos a capturar rentas. En esos casos, no debemos aspirar a hacer más sabia la política o más justo el reparto de rentas monopolísticas, sino a reducir tanto el ámbito de decisión política como el volumen de rentas. Sin embargo, en vez de limitar la regulación, lo que propone el regeneracionismo emergente de hoy es regular mejor, dando por supuesto que ello es posible. No muy lejos por tanto del proyecto orteguiano de que “la nueva política… tiene que comenzar por ampliar sumamente los contornos del concepto político”. En ambos casos, se trata de un ejercicio de voluntarismo que sólo con benevolencia cabe calificar de ingenuo.

El tema aparecía de nuevo en su artículo “¿Más o menos Estado?”:

Cuanto mayor es el campo de decisión de políticos y funcionarios, más favores distribuyen y más fuertes son sus tentaciones. De ahí que la corrupción esté tan ligada al peso del Estado. Para reducirla, los gobernantes deberían tomar menos decisiones; pero el español aún cree que el Estado es la solución de todos sus problemas, y los políticos le dan lo que pide. Igualmente, lejos de limitar la actuación del Estado, muchas propuestas de regeneración sólo buscan mejorarla, dando por supuesto que ello es posible. Si no lo es, y aun en el caso de que esa actuación ideal fuera deseable, estas propuestas aumentarían las oportunidades de corrupción y despilfarro. Con la pretensión de intervenir mejor, acabarían por intervenir más.

Esta crítica no es una enmienda a la totalidad de los esfuerzos regeneradores y regulatorios. Tan sólo a los que omiten dos condiciones “coasianas”: comparar todas las opciones relevantes, incluyendo las de un menor estatismo, y considerar las experiencias previas como un indicio de qué posibilidades reales ofrece cada una de las opciones.

Pero muchas propuestas incumplen ambas condiciones. Sobre todo, cuando suponen que una reforma será eficaz sin más que cambiar la ley, crear un nuevo órgano o reemplazar al decisor, un voluntarismo ordenancista que es muy común.

En lo económico, suelen padecerlo las ideas relativas a la independencia de los órganos reguladores. No sólo prejuzgan que tales órganos son siempre necesarios, sino que pueden ser en verdad independientes; y ello en un país que aún no ha logrado separar el poder ejecutivo del judicial. Está claro que no basta con sustituir a las personas, pero tampoco con trasplantar reglas formales. Si somos incapaces de regular bien, lo más lógico quizá sea regular menos.

En lo político, las propuestas para cambiar los mecanismos de representación también padecen un defecto similar: al no comparar de forma exhaustiva, dan por hecho que el resultado será favorable a sus reformas favoritas. Suponen, por ejemplo, que reformar el sistema electoral engendraría más competencia política y ésta llevaría a elegir mejores líderes, quienes sí racionalizarían el sector público. Olvidan que son muchos más quienes apoyan reformas parecidas porque creen que, por el contrario, nos llevarían a aumentarlo.

En lo institucional, también se defienden a veces cambios radicales y costosos sin contemplar escenarios alternativos. Sucede así cuando se proponen rupturas institucionales que prometen el bienestar de forma automática. Es lo que hacen las propuestas más populistas, tanto nacionales como regionales. Pero muchas otras, en apariencia mucho menos emocionales, también tienen algo de magia, pues sugieren cambios cuyos beneficios se limitan a suponer. Su retórica es más sofisticada, pero tampoco suelen comparar opciones reales, sino una realidad parcial, descrita por sus peores atributos, con un paraíso virtual.

Las propuestas más simples son incluso explícitas en este punto: se limitan a sustituir reguladores, gobernantes o sujetos de soberanía, pero no se molestan en definir nuevos incentivos, ni a ciudadanos ni a políticos. Tan sólo confían en que los nuevos decisores se comporten mejor que los anteriores. Y ello pese a que, al no cambiar cultura ni incentivos, parece sensato suponer que todos ellos lo harían de forma similar.

Cierto que algunas propuestas sí modificarían los incentivos, en especial las que lograsen intensificar la competencia entre partidos. Pero también caen en el idealismo, pues suponen que la cultura y en especial las actitudes ciudadanas, incluso en el corto plazo, carecen de importancia. Por desgracia, esas actitudes hacen que no sea obvio a qué nivel conviene aumentar la competencia política. Ni siquiera está claro que sea bueno aumentarla con una ciudadanía que sabemos poco predispuesta a informarse y contribuir con su esfuerzo al control de lo público. En tales condiciones, hasta es probable que aumentar la competencia entre partidos sólo genere más populismo, como sucedía en la década de 1930, y como en parte ya hemos presenciado, a raíz de la creciente competencia política que ha traído la crisis.

Incluso sucede algo similar con la competencia dentro de los partidos. Se cree que el control que ejercen sus cúpulas es excesivo, que inhibe la discusión de ideas y la selección de buenos líderes. Es una crítica verosímil, pero algunos indicios empíricos la ponen en duda. Las escisiones a escala local y autonómica han sido numerosas y, lo que es peor, a menudo han dado lugar a partidos de calidad cuestionable. De un lado, las escisiones indican competencia interna. De otro, esa baja calidad confirma la conjetura de que, en este ámbito, los efectos de la competencia pueden ser negativos. No olvidemos, por último, las dudas que suscita el funcionamiento de las primarias, ni que los nuevos partidos, pese a tener reglas internas diferentes, exhiben algunos vicios similares a los de los antiguos.

Las reformas institucionales son, sin duda, necesarias. Pero debemos ser rigurosos en su planteamiento. Además, es esencial complementarlas con un remedio más simple y democrático, pero que requiere un enfoque radicalmente distinto, mucho más bottom-up. En vez de cambiar tan sólo los liderazgos, su ilustración o su benevolencia, mejoremos la información que nutre las preferencias ciudadanas, muchas de las cuales no reflejan nuestros valores. Me refiero, en especial, a la información sobre los servicios públicos y el pago de impuestos, información que hoy distorsionamos mediante todo tipo de gratuidades ficticias e impuestos invisibles. Hagámosla más clara e ineludible, de modo que el ciudadano ya no haya de esforzarse tanto para votar mejor, ni menos aun depender de la buena voluntad de los nuevos “predicadores”, ya se trate de políticos, periodistas o intelectuales. No ocultemos las diferencias de rendimiento y calidad en los servicios públicos, desde las escuelas a los hospitales, o la cuantía de nuestra futura pensión. Y dejemos de engañarnos, como hacemos con la falacia de las cargas sociales “a cargo de la empresa”, como si éstas no fueran parte del impuesto al trabajo. En una palabra, hagamos que el ciudadano sienta qué paga y qué recibe, de tal modo que pueda prescindir tanto de la mera transparencia documental como de homilías interpretativas.

No es una propuesta espectacular, pero ofrece una gran ventaja: en vez de prometer un maná inaccesible para, en el fondo, suplantar la voluntad del ciudadano, busca tratarle como adulto, para que sea él quien en verdad decida la cuestión clave: dónde quiere más o menos Estado. La propuesta cobra todo su valor al ponderar que, sin ciudadanos adultos, los cambios institucionales ni se intentan; o, si se intentan, generan graves conflictos y no suelen perdurar.

En otro caso, también el buen gobierno corre el riesgo de convertirse en una excusa al servicio de quien lo predica. Ello en modo alguno justifica el mal gobierno que, hoy como ayer, padecemos; pero el regeneracionismo ha de evitar volver a equivocarse, un error con el que sólo iniciaríamos un nuevo ciclo de frustración colectiva.

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