Propuestas para gastar menos y mejor en educación, sanidad y pensiones

El think tank Civismo ha planteado distintas medidas de ahorro para tres capítulos de gasto que acumulan buena parte de los desembolsos presupuestarios del Estado:

  • Educación: “la Administración Central y las Comunidades Autónomas gastan anualmente 39.873 millones de euros en educación, tanto en colegios e institutos como en universidades. Además, los ciudadanos gastan otros 6.500 millones en copagos y centros privados, que de otra forma se sumarían a la factura del Estado. En total, 46.373 millones de euros que, si se distribuyen entre todos los trabajadores a lo largo de toda su vida laboral salen a 121.895 euros que un trabajador destina a la enseñanza de sus hijos. Ahora bien, cada trabajador no tiene un hijo, de media, sino 0,65, por lo que cada trabajador destina 187.531 euros por estudiante. ¿Cuánto costaría, en cambio, proveer estos servicios íntegramente en instituciones privadas y concertadas? Hablamos de una educación completa, muy superior a la media, incluyendo los 3 años de educación infantil, los 12 de la obligatoria, los 2 de bachiller, 4 de universidad y uno más de un eventual máster. De acuerdo con los datos del Ministerio de Educación, el coste de una plaza educativa en la educación concertada, hasta secundaria, queda por debajo de los 3.000 euros al año, sube ligeramente por encima de los 4.000 en bachiller y se eleva hasta los 5.664 las enseñanzas universitarias. En total, esta formación costaría 80.590 euros y, de nuevo, el ciudadano paga bastante más del doble que lo que recibe a cambio. Máxime, teniendo en cuenta que la enseñanza privada y concertada ofrece mejores resultados. Por ejemplo, el informe PISA 2009, el último que medía estas diferencias, mostraba que los alumnos de la concertada tienen mejores resultados (al nivel de Alemania y Países Bajos) que la pública (más cerca de los países latinoamericanos que del conjunto de la OCDE)”.
  • Sanidad: “La sanidad se presta más difícilmente a comparaciones, dado que su precio está oculto en la mayor parte de las situaciones. Sin embargo, sí se puede comparar lo que paga un español medio (1.755 euros al año, si se incluye a los ciudadanos de todas las edades) con lo que le costaría en la Comunidad de Madrid, donde el coste sanitario por habitante es el más bajo del país (1.047 euros al año). La región ha logrado este adelgazamiento a base de conciertos, pero también porque al aglutinar a una amplia población puede permitirse diluir el coste de los centros especializados. Para que el resto de las comunidades puedan permitirse esta misma estrategia, sería positivo que se pudieran subcontratar servicios unas a otras, de forma que no todas tuvieran que disponer de todo tipo de tratamientos”.
  • Jubilación: “Empecemos por las pensiones, dado que suponen la carga presupuestaria más elevada. El modelo español es de reparto, esto es, la Seguridad Social coge los ingresos de los trabajadores actuales y los distribuye entre los pensionistas actuales. Cada trabajador destina anualmente el 30% de su sueldo bruto a mantener este modelo. En cambio, en un sistema de capitalización, como el modelo chileno, cada trabajador se hace cargo de su propia jubilación, que apenas cuesta un 10% de su sueldo. La ventaja de este modelo es que este dinero queda ahorrado en una cuenta de inversión, con lo que se revaloriza. De hecho, la rentabilidad media del S&P 500 supera el 7% anual. Es decir, que un trabajador que capitalizara una décima parte de su sueldo (con una subida salarial del 0,5% anual, por encima de la inflación) a lo largo de 40 años dispondría de 670.800 euros ahorrados que le reportarían una renta de 46.953 euros anuales. Esto es, más del triple que la pensión media actual, que se sitúa en 15.053 euros al año. Este margen extra ofrece varias posibilidades: que los trabajadores que hayan empezado más jóvenes se jubilen antes (pongamos que a los 55 ó 60 años), o que ese fondo de ahorro también sirva para hacerse cargo de otras eventualidades, como el pago del subsidio del desempleo o de algún año adicional de formación, en el caso de que las competencias del trabajador hayan quedado anticuadas. Es decir, con este modelo se podría englobar en una única partida de ingresos la mayor parte de los gastos correspondientes a los subsidios por desempleo (29.726 millones) y los del fomento del empleo (8.976 millones), que no serían tan necesarios con la reducción del coste para el empresario. En cambio, el Estado sí tendría que hacerse cargo de los subsidios de larga duración para familias sin recursos (unos 1.500 millones), de los subsidios de incapacidad (9.838 millones) o de los servicios sociales (11.479 millones). Es decir, la Administración se convertiría en una aseguradora para quienes no pueden vivir de su trabajo, pero no supondría un lastre para quienes sí quieren trabajar”.
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