Taguas: “La estabilización no ha finalizado, y ha sido responsabilidad del sector público”

Interesante artículo de David Taguas en La Vanguardia (14/01/2014):

La economía española está iniciando su andadura por la quinta fase de la duradera, intensa y mutante crisis que comenzó en agosto del 2007. La crisis no ha sido homogénea, se ha desarrollado a lo largo de distintas fases en las que ha ido cambiando su naturaleza y, con ella, los objetivos y las políticas económicas requeridas para superarla. En la primera fase, entre agosto del 2007 y septiembre del 2008, la crisis de liquidez se hizo global y cambió radicalmente las expectativas. La segunda fase, entre septiembre del 2008 y la primavera del 2010, se caracterizó por las políticas expansivas y los planes para estabilizar los sistemas financieros. La tercera fase, la crisis de deuda soberana, se caracterizó por su asimetría y tuvo su origen en la preocupación por el crecimiento del déficit y la deuda públicos, consecuencia de los planes de estímulo pero también de graves problemas estructurales en las cuentas públicas de las economías periféricas europeas. La cuarta fase de la crisis fue consecuencia de las nuevas tensiones financieras registradas al final de la primavera y el verano del 2011 que originaron una nueva e intensa desaceleración de la actividad. En España esta fase ha durado dos años y ha coincidido con la primera parte de la legislatura del nuevo Gobierno.

España debería iniciar ahora un periodo de crecimiento sostenido de la actividad que supusiera la definitiva superación de la crisis. El problema es que la estabilización de la economía española no ha finalizado. Y ello a pesar de que desde la primavera del 2010 se han aplicado dos planes de consolidación fiscal consecutivos.

Sin embargo, estos planes no han cumplido sus objetivos por cuatro razones. Primera, porque el déficit público sigue siendo muy elevado. En septiembre del 2013 la economía española sigue presentando un déficit público, en el último año, del 10,3% del PIB. Incluso si se excluyen las ayudas a las instituciones financieras sería del 7,1% del PIB. Y si se excluyen también el resto de medidas one-off que se adoptaron a finales del 2012, el déficit se situaría en el 8,1% del PIB. Como consecuencia, no se puede descartar un nuevo incumplimiento, sería el tercero consecutivo, del compromiso de déficit acordado con las autoridades europeas. Segunda, como consecuencia no se ha conseguido estabilizar la deuda pública. Desde diciembre del 2011 hasta septiembre del 2013, menos de dos años, la deuda ha crecido nada menos que 22,9 puntos del PIB y pronto sobrepasará el 100%. Tercera, no sólo no se ha reducido el gasto público sino que este ha seguido creciendo continuadamente hasta alcanzar el nivel récord del 48,3% del PIB en septiembre del 2013. El tamaño del sector público ha aumentado nada menos que 9,4 puntos del PIB desde el inicio de la crisis. Cuarta, tampoco ha conseguido aumentar el ahorro público. Desde el -5,4% del PIB de la primavera del 2010 el ahorro público apenas ha aumentado unas escasas décimas hasta el -5,0% de septiembre del 2013 y aún caerá más en el cierre del año. El ahorro público, la diferencia entre los ingresos totales y el gasto corriente, es la variable determinante para evaluar el proceso de consolidación fiscal.

La conclusión que cabe extraer es desoladora: después de dos procesos de consolidación, entre mayo del 2010 y diciembre del 2013, el ahorro público habrá aumentado apenas tres décimas. Ello cuestiona definitivamente el proceso de consolidación fiscal español. Quinta, la posición de inversión internacional neta, la diferencia entre los activos españoles en el resto del mundo y los pasivos, alcanza el -97,8% del PIB en septiembre del 2013 y ha disminuido 7,5 puntos del PIB adicionales desde diciembre del 2011. La consecuencia es que aunque España vendiera todos sus activos en el exterior presentaría unos pasivos frente al resto del mundo del tamaño del PIB. Sexta, el ajuste de la balanza corriente no ha sido virtuoso. La variación de 10,4 puntos del saldo corriente se ha debido a la caída de la inversión de 12,6 puntos. Es decir, el ahorro no sólo no ha contribuido al mismo sino que incluso se ha reducido 2,1 puntos desde el inicio de la crisis. El dramático ajuste de la inversión explica la magnificación de los efectos de la crisis en el empleo.

La conclusión que cabe extraer es evidente. La estabilización no ha finalizado. Y ha sido responsabilidad del sector público. Resulta imprescindible reducir el gasto. Actualmente se sitúa en el 48,3% del PIB cuando el máximo de ingresos, en la fase alcista del ciclo, se alcanzó en el 41% del PIB. Una vez desaparecida buena parte de las ayudas a las instituciones financieras, es previsible que el gasto se sitúe en diciembre del 2013 próximo al 46% del PIB. Es necesario reducirlo en cinco puntos adicionales y, con ello, aumentar el ahorro público desde -5% del PIB hasta cero. Es decir, que el sector público no detraiga recursos del ahorro nacional, como ocurre actualmente. Si el Gobierno presentara un plan de consolidación plurianual creíble en el que el ahorro público aumentara al menos cinco puntos del PIB, se podrían revertir inmediatamente las subidas impositivas que han fulminado el ahorro de las familias.

La evolución del ahorro de las familias muestra la mutación de la crisis y los cambios en la política fiscal desde la primavera del 2010. El ahorro de las familias se situaba en niveles mínimos históricos al inicio de la crisis. En septiembre del 2007 suponía sólo el 6,5% del PIB. A finales del 2009 alcanzó el 12,3% del PIB tras su rápida recuperación en el 2008 y 2009. Ello respondía al motivo precaución. Pero desde el inicio de la crisis de deuda, la errónea estrategia fiscal ha conducido a un nuevo desplome del ahorro de las familias que se sitúa actualmente en el 6,9% del PIB. Es decir, la tasa de ahorro de las familias ha evolucionado en forma de “V invertida” y vuelve a niveles mínimos.

La estabilización económica española tiene además el punto débil del ahorro. Con un doble problema simultáneo en el ahorro de las familias y en el ahorro público, resulta muy difícil que se pueda producir una recuperación intensa y sostenida de la actividad y del empleo, en la quinta fase de la crisis que ahora comienza. Por ello, es urgente y necesario corregir estas insuficiencias para poder afrontar el crecimiento sostenido.

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