Los impuestos al trabajo llegan a su punto más alto desde los años 80

Artículo de obligada lectura publicado por Domingo Soriano en Libre Mercado:

Cuando un empresario piensa en contratar a un nuevo trabajador (o mantener a alguno de los ya existentes) calcula cuánto le va a costar éste y cuánto va a producir para su negocio. La lógica nos dice que sólo realizará el fichaje si la segunda cifra es superior a la primera.

Normalmente, asociamos el coste laboral con el salario. Pero esto es un error. En realidad, lo que el empresario paga por un empleado es mucho más de lo que éste recibe en su cuenta bancaria. Y claro, esto tiene muchas implicaciones en las decisiones de uno y otro.

Coste laboral = Salario neto + IRPF + Cotizaciones sociales

De esta manera, hay una gran distancia entre lo que el trabajador gana y lo que el empresario abona. La primera consecuencia es que existe una muy diferente percepción entre lo que piensan uno y otro. El empleado sólo ve el extracto bancario. Pero su jefe piensa en lo que en realidad le cuesta. Quizás aquél piense que gana muy poco y éste crea que paga demasiado. Lo peor de todo es que, en muchos casos, ambos pueden tener razón.

Tal y como explicaba Libre Mercado este sábado, en España el pago de impuestos y cotizaciones alcanzaba en 2012 el 41,4% del total del coste laboral del trabajador medio soltero y sin hijos. Por ejemplo, según las cifras del informe Taxing wages, de la OCDE, un empleado con estas características ganaba 27.526 euros, pero le costaba a su empresa 46.974 euros (o lo que es lo mismo, 19.448 euros más).

Según la OCDE, la presión fiscal para el trabajador medio (recordemos, sólo en tributos sobre el trabajo, no contamos indirectos) creció en 2,8 puntos de 2000 a 2012. De hecho, había bajado algo hasta 2009, pero desde este año se ha incrementado en 3,1 puntos. Es cierto que una pequeña parte de este repunte se puede explicar en parte por el efecto composición: el sueldo medio español ha subido respecto al año 2000 porque buena parte de los despedidos con la crisis estaban en la banda salarial baja; y una nómina más alta paga más impuestos. Pero la mayor parte se explica por los incrementos tributarios de los últimos años.

Mientras tanto, la media dentro de la OCDE (los países más ricos del mundo) indica una ligera caída de 1,1 puntos (del 36,7% al 35,6%) entre 2000 y 2012. No son cifras muy alentadoras para la competitividad de nuestras empresas.

Todos estos datos son del año 2012, por lo que incluyen algunas de las subidas de impuestos al trabajo aprobadas por el Gobierno del PP, pero no todas. En conjunto, sumando todos los cambios de los últimos años, tanto con José Luis Rodríguez Zapatero como con Mariano Rajoy, los empresarios españoles se enfrentan a los tributos sobre el trabajo más elevados de las últimas dos décadas, que es cuando existen datos comparables y una estructura impositiva similar. De hecho, posiblemente estemos hablando de la fiscalidad sobre el empleo más agresiva de la historia. Y eso con casi seis millones de desempleados y una tasa de paro superior al 25%.

– IRPF: sin duda, ha sido la subida tributaria más espectacular de los últimos años. En 2008, el tipo marginal máximo era del 43%. Primero, fue el Gobierno del PSOE el que incrementó este nivel. Luego, llegó el gran golpe para los contribuyentes.

En diciembre de 2011, Mariano Rajoy rompía todas sus promesas electorales y aprobaba un “gravamen extraordinario”, que incluía subidas en todos los tramos (hasta 7 puntos para las rentas más altas). Y se solapaba con incrementos en el tramo autonómico en la mayoría de los regiones. Ahora, los tipos marginales van del 51,9% de Madrid o La Rioja al 56% de Cataluña, Asturias o Andalucía. Se suponía la medida anunciada por el Gobierno central era temporal (por dos años), pero ya sabemos que, como mínimo, se extenderá un ejercicio más de lo prometido en un inicio.

– Cotizaciones: es uno de los grandes desconocidos de la fiscalidad española. Y eso que aporta más a las arcas tributarias que el IRPF. En 2008, un buen año para medirlo porque todavía no se sentían los efectos distorsionadores de la crisis, las cotizaciones sumaban algo más del 34% de los ingresos públicos, por un 25% del Impuesto sobre la Renta. ¿Por qué entonces se habla tan poco de ellas? Pues la principal razón es que la buena parte de los trabajadores no saben que se están pagando o, si lo saben, no se imaginan a cuánto ascienden.

Por ejemplo, imaginemos a un empleado con una nómina de unos 2.000 euros brutos. A este trabajador le descontarán un 4,7% de contingencias comunes, un 1,55% de desempleo, un 0,1% para formación y (más o menos) un 17% de IRPF. En total, aproximadamente se le restará un 23,5% de su sueldo bruto, unos 480-490 euros.

Lo que no se dice en ninguna parte de esa nómina, es que la empresa está pagando un 30% más a la Seguridad Social: 23,6% por contingencias comunes, 5,5% por desempleo, un 0,2% al Fogasa y un 0,6% en Formación. Son 600 euros al mes de coste extra oculto.

En estos días, se ha hablado mucho del último cambio en la normativa sobre cotizaciones aprobado para 2014. Por un lado, se elimina la exención de cotización a la Seguridad Social de la retribución en especie (cheques restaurante, guardería, seguro médico,… ); por otro, se sube la base mínima de cotización para los autónomos societarios y aquellos con más de diez trabajadores. Es importante destacar que los tipos no han cambiado. Por lo tanto, aparentemente, no hay una subida impuestos. Pero al computar más conceptos, lo que se produce en la práctica es un incremento en lo que pagarán empresario y trabajador.

– Las subidas encubiertas: pero los incrementos de impuestos no se han quedado en los titulares de las noticias. Desde que comenzó la crisis, se han producido de forma constante dos subidas ocultas de impuestos, que afectan al IRPF y a las cotizaciones sociales. No se habla mucho de ellas, pero son muy importantes. En el Impuesto sobre la Renta, como explica elblogsalmón, no se han actualizado los tramos desde 2008. Pero los precios y salarios, aunque poco, sí han subido. Por lo tanto, personas con el mismo poder adquisitivo que a comienzos de la crisis, han subido de tramo y pagan un porcentaje superior de IRPF. Es un mecanismo que, con mucha sordina pero de forma constante, va castigando el bolsillo del contribuyente.

De la misma manera, las bases de cotización a la Seguridad Social han ido subiendo por encima del coste de la vida de forma constante. Este año, por ejemplo, la base máxima ha pasado de 3.425 euros a 3.590 euros (un 5%), lo que podría llegar a suponer unos 51 euros para la empresa y unos 10 euros para los trabajadores que se encuentren en estos niveles. Por cierto, que este incremento en la cotización no se traducirá en el correspondiente incremento en los derechos acumulados para una futura pensión. Y hablamos del Régimen General, porque también los autónomos tendrán subidas en sus bases de cotización.

Aunque parezca mentira, con seis millones de parados, crear un nuevo puesto de trabajo en España cuesta mucho dinero, en buena parte por la factura de Hacienda. En total, podemos asegurar que nunca, desde los años 80, los empresarios españoles habían pagado tanto por crear empleo. En aquella década, el IRPF llegó a estar cerca del 70% y las cotizaciones sociales superaban el 30%. También hay que tener en cuenta que la estructura impositiva era muy diferente. Por ejemplo, el IRPF tenía más de 30 tramos.

Desde comienzos de los años 90 se inició un proceso de pequeñas rebajas tributarias, que dieron algo de aire a las empresas y trabajadores españoles. El IRPF llegó a tener un tipo marginal máximo del 43%. Y las cotizaciones, después de dos décadas estables, podía preverse que se reducirían. De hecho, el propio Rajoy prometió bajarlas dos puntos cuando subió el IVA en 2012 (otra promesa completamente olvidada en estos momentos). Al final, lo cierto es que tras las subidas aplicadas por sus gobiernos autonómicos, hay asturianos, andaluces o catalanes pagando un tipo del 56%.

Y en cuanto a cotizaciones pagadas por las empresas, somos el cuarto país de Europa en términos de ingresos respecto al PIB. Teniendo en cuenta el dato de paro en España, para alcanzar esa recaudación es evidente que hay que cobrar mucho por cada puesto de trabajo. Como explicamos ayer, pocos países de Europa castigan a sus empresas y trabajadores con tanta saña.

En los últimos meses, hemos leído alguna noticia sobre la caída de los costes laborales. Pero este fenómeno se explica únicamente por un descenso en los salarios. El resto de conceptos que afectan a la nómina han seguido subiendo. Contratar a un nuevo empleado y que a éste le lleguen 1.000 euros netos a su banco es ahora mucho más caro que hace unos años (otra cuestión es que el que antes cobraba 1.000 euros netos ahora gane 800).

¿Y qué consecuencias tiene todo esto sobre el empleo? Pues depende de a quién se pregunte. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la subida de las cotizaciones sociales para 2014, Tomás Burgos, secretario de Estado de Seguridad Social, afirmaba: “Ninguna empresa va a reducir empleo porque tenga que aportar 4, 5 o 10 euros más al mes por un trabajador”. No parece mucho dinero. Y para el empleado, que también tiene que cotizar, sus cálculos son de un euro de media al mes.

El problema es que estas medias se han hecho contando a todos los trabajadores. Y la mayoría de los asalariados no tiene ningún tipo de retribución en especie. Pero para los que lo sí recibían esta gratificación, los datos son mucho más elevados. Imaginemos a un empleado tipo de una oficina de Madrid, que recibía 200 euros en tickets de comida (10 euros por 20 días de trabajo al mes). A partir de este momento, hay un nuevo concepto que entra en su base de cotización, por lo que la empresa tendrá que pagar el 30% de esa cantidad a la Seguridad Social (60 euros al mes). Por su parte, el empleado pagará su 6,35% (12,7 euros al mes). Son cifras muy diferentes a las planteadas por Burgos.

Por eso, los empresarios han contestado con una dureza inusitada al Gobierno. La CEOE ha emitido esta misma semana un comunicado en el que pide la retirada de un decreto que creen que se aprobó de forma “precipitada”. La patronal asegura que la nueva medida supondrá un freno a la creación de empleo, un incremento en los costes laborales y una pérdida de competitividad para las compañías españolas. Y eso por no hablar de la reacción de los sectores directamente implicadas en la medida, como la hostelería, las guarderías o los seguros.

Al final, para saber las consecuencias, quizá lo mejor sea imaginarse cómo son las relaciones entre empresario y trabajador. El primero piensa en términos de coste total y el segundo en salario neto. Hasta ahora, la empresa podía pensar: “Le ofrezco 2.000 euros de salario bruto, que se le quedan en 1.500 netos y lo complemento con 200 de tickets. Él gana 1.700 euros y a mí me sale por unos 2.600 al mes incluyendo cotizaciones”. Con la nueva norma, el empleado sigue ganando lo mismo (bueno, menos 12 euros), pero su coste para la empresa sube a 2.660 euros. Habrá compañías que lo acepten, otras que quieran repartir la subida con sus empleados, otras que quiten por completo los tickets… Cada una reaccionará a su manera. Y a la hora de contratar a otro empleado para este puesto, la empresa sabrá será 60 euros más caro hacerlo. Desde luego, no ayudará a la creación de empleo.

Pero los impuestos al trabajo no sólo entran en la mente del empresario. El trabajador también está muy condicionado. Por ejemplo, imaginemos a un empleado de alto nivel que vive en Cataluña y cobra 100.000 euros brutos. Una empresa de la competencia le hace una oferta que implica una subida salarial y de categoría profesional. Por una parte, ganaría más; por otra tendría que cambiar de localidad y estaría en un puesto con más tensión. Para la economía española en su conjunto, sería bueno que aceptara, porque supondría que alguien con talento adquiere más responsabilidad. ¿Qué hará? Pues depende. Si le ofrecen 30.000 euros brutos más al año, pensará: “Eso son algo más 14.000 netos de subida, tras quitar la Seguridad Social y el IRPF (en su región, tiene un marginal para ese sueldo del 49%)”. ¿Le compensará? Nadie lo sabe. Cada situación es diferente. Pero los 16.000 euros que se queda Hacienda no ayudarán a que la respuesta sea ‘Sí’.

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