Educación gratuita y desigualdad: el caso chileno

Vemos en la siguiente tabla que el número de becas educativas concedidas en Chile ha crecido notablemente bajo gobierno de Sebastián Piñera. Para centros técnicos y profesionales, el aumento fue de casi el 60% entre 2010 y 2012; en el caso de universidades privadas, el avance es del 285%; para los centros universitarios tradicionales (agrupados en el CRUCH, que incluye centros públicos y privados), se observa un aumento del 91%.

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Analizando el volumen de jóvenes estudiantes que tiene acceso a cheques educativos preferenciales, vemos que aumenta de 700.000 a 2.200.000 entre 2009 y 2016, año en que terminará de desarrollarse el sistema implementado por Piñera.

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¿Es este un sistema educativo que funcione? Veamos:

Indicadores como el IDH de la ONU o el Informe PISA de la OCDE sitúan la calidad de la educación en Chile a la cabeza de Latinoamérica. Desde 1960, la educación superior chilena ha multiplicado por diez sus niveles de cobertura. Siete de cada diez estudiantes matriculados hoy son la primera generación de sus familias que alcanza dicho nivel educativo. Entre las generaciones más jóvenes (25-34 años de edad) hay un porcentaje de personas con educación secundaria superior al promedio de los países miembros de la OCDE y dos veces mayor que el apreciado entre los chilenos de 55-64 años. Varias universidades chilenas han sido incluidas por diferentes informes entre las mejores del mundo.

Tal y como recuerda Carolina Schmidt, “Hace 30 años el número de personas que terminaba la educación media era de un 35%; hoy lo hace un 75%. Nunca han ingresado más personas a la educación superior que los que están ingresando ahora, nunca se han graduado más personas y ha existido mayor movilidad social que ahora. Chile ha hecho en los últimos 50 años lo que a países en Europa les tomó muchos siglos poder conseguir, y eso genera una gran expectativa”

Aunque la izquierda chilena argumenta que la educación superior está fuera del alcance, Schmidt explica que “entre 2010 y 2013, se han triplicado las becas para la educación superior. El 60% más vulnerable tiene acceso totalmente gratuito a la educación superior. Los intereses de los préstamos gubernamentales para la universidad cayeron del 6% al 2%”.

¿Cómo funciona el modelo chileno? En esencia, con una variante del “cheque educativo” que propuso, entre otros, el Premio Nobel de Economía Milton Friedman. Así lo explica la Fundación Ecuador Libre:

“El sistema educativo en Chile se rige por varias normas, aquí se hará referencia a la Ley General de Educación y Ley de Subvenciones que son las que marcan el esquema general del sistema. En primer lugar, hay que destacar que en Chile eligen los padres. La Constitución chilena dispone la obligación del Estado de financiar la educación hasta el nivel secundario. En este sentido es similar a lo que sucede en Ecuador (con la diferencia de que en Ecuador la gratuidad se extiende hasta la educación superior). Existe, sin embargo, una diferencia: en Chile la Constitución hace énfasis especial en el derecho y deber que tienen los padres de educar a sus hijos[1]

“Para poder garantizar la gratuidad y universalidad de la educación, y a la vez no interferir en el derecho de los padres de elegir donde estudian sus hijos, el sistema chileno diferencia los dos roles que el Estado desempeña en la educación. Así, en Chile se distingue por un lado el papel que tiene el Estado como financista de la educación, y se lo separa del rol que tiene como orientador de la misma. En otras palabras, se reconoce que el hecho de que sea el Estado quien deba pagar la educación no quiere decir que deba ser él mismo el único que la preste de manera gratuita” Siguiendo esta línea, el sistema chileno reconoce que son los propios alumnos, mediante sus padres o representantes, quienes deberían poder elegir dónde estudiar. Para hacer efectivo esto, se establece una subvención a la educación que se otorga por cada estudiante individual [2].

“El sistema de  cheque educativo, canalizado mediante subvenciones, consiste en que cada estudiante chileno es acreedor a un valor determinado por la Ley. Dicho valor es el equivalente al costo que tiene el brindar el servicio educativo para un estudiante en la educación pública, y aumenta anualmente en el mismo porcentaje en que aumenten los salarios del sector público. De esta manera, los padres son libres de escoger mandar a su hijo o representado a cualquier escuela municipal o a establecimientos privados que hayan solicitado acogerse al programa de subvenciones. Adicionalmente, pueden existir instituciones privadas que decidan no participar en este programa.

“Este sistema fomenta la competencia entre establecimientos públicos y entre los públicos y privados, ya que su financiamiento no está asegurado sino que dependerá de su capacidad para captar estudiantes y retenerlos. Así, se fuerza a escuelas y colegios a brindar un mejor servicio y más enfocado a las necesidades de sus estudiantes. Adicionalmente, las escuelas públicas son administradas a nivel municipal lo cual pareciera asegurar que los currículos serán más apegados a las necesidades locales”

“Aquellos establecimientos que participen en el programa tienen también la opción de cobrar, adicionalmente, tasas educativas hasta un máxima de 4 veces el valor de una subvención (USE). En estos casos, del valor total que reciban por subvenciones se disminuirá entre un 20% a 40% del total de valores que hayan recibido de los padres o representantes. Esto permite que haya mayor diversidad en los programas ofrecidos por escuelas y colegios, y a un costo bajo para los estudiantes”

“Por último, los valores a recibirse por subvenciones varían según algunos factores: la subvención a estudiantes considerados de escasos recursos es mayor a la normal, e igual sucede con los estudiantes en zonas rurales. Así también, los valores que se reciben por subvenciones dependen del promedio de asistencia de los estudiantes. Así, se  incentiva que la calidad del servicio sea tal que los alumnos acudan regularmente a recibirlo”

Debe señalarse que los establecimientos deben reunir requisitos mínimos que se determinan en la Ley para contar con reconocimiento oficial y poder, por tanto, acogerse al programa de subvenciones. Estos funcionan como un conjunto de objetivos generales que son luego recogidos en los contenidos curriculares elaborados por el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Educación. Sin embargo, el sistema propende a que estos objetivos sean lo suficientemente generales como para que cada establecimiento tenga suficiente autonomía para elegir su metodología y currículo propio[3]. El control de calidad se efectúa conforme a los objetivos generales mencionados. El no cumplir con estos requisitos, sin embargo, no da lugar a sanción de manera inmediata sino que dicha información simplemente es publicada. De esta manera, el establecimiento educativo ineficiente únicamente es “castigado” en la medida en que los padres retiren a sus hijos del centro y consecuentemente, sus recursos se vean disminuidos. Esto garantiza el derecho a la libertad de enseñanza, por un lado, y el de los chilenos de escoger dónde educar a sus hijos, por otro”

“Aplicando esta normativa, Chile ha alcanzado niveles altos en rankings internacionales, posicionándose como el mejor país latinoamericano en educación en el ranking PISA 2006, elaborado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Asimismo, 82,5% de su población en edad escolar se encuentra dentro del sistema educativo[4]. Vale la pena señalar que, posiblemente debido a la competencia que el sistema genera y al fomento que da a la inciativa privada, los costos de la educación en Chile son tales que han permitido que se alcancen estos resultados con un gasto público de solo el 3,4% del PIB en educación.[5]

Pues bien, teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿por qué insiste la izquierda en hacer que la educación sea “gratuita” para todos los estudiantes? Hablamos sin duda de un cambio de modelo que poco o nada aporta y que, además, solamente beneficia a quienes, según el discurso reinante, menos lo necesitan. Así lo explica la Segpres:

Un 73% del costo adicional de entregar gratuidad en la educación superior se concentraría en las personas que pertenecen al 40% con mayores recursos del país, en desmedro del 60% más pobre de la población. Así lo concluye un estudio del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), que analiza los valores de aranceles y matrículas publicados por el Servicio de Información de Educación Superior  (SIES), donde se estima que el costo de la gratuidad llegaría a los US$3.681 millones, aproximadamente. 

Según el documento, ese monto no se distribuiría de forma homogénea por nivel de ingreso, por lo que para calcular una aproximación al gasto por decil, se utiliza el reportado en la encuesta Casen 2011. Al combinar esta información con la entregada por las bases del SIES (ver tabla  1),  según Segpres, se puede estimar cuánto del costo adicional de la gratuidad se destinaría al 60% más pobre y cuánto al 40% más rico.

Así, el estudio constata que si bien el 41% del costo total de la gratuidad se concentra en las personas pertenecientes al 60% más pobre de la población, “hay que recordar que el Estado ya asigna US$ 926 millones en becas de aranceles a ese segmento. Por lo tanto, tan sólo el 27% del costo incremental de la gratuidad, es decir, del costo adicional que ella tendría para el Estado, iría dirigido al 60% más pobre, mientras que nada menos que un 73% se concentraría en las personas que pertenecen al 40% con mayores recursos” (ver tabla 2).

Destaca varios factores para su apreciación, como que con la creación del Crédito con Aval del Estado (CAE), sumado a las nuevas condiciones fijadas para él por el actual gobierno y el fuerte incremento del número de becas para educación superior, “han extendido notablemente el acceso al financiamiento para la educación terciaria, lo que ha hecho disminuir drásticamente la importancia de la falta de dinero en el acceso de las nuevas generaciones de jóvenes chilenos a ese nivel educativo”.

 El texto argumenta que la idea planteada en el programa de  la Presidenta electa, Michelle Bachelet, “es una política regresiva, porque llevaría a dirigir recursos públicos principalmente a estudiantes pertenecientes a los sectores con más ingresos de la población, los cuales acceden más a la educación superior”.

Además, destaca que estos jóvenes se dirigen a planes de estudio más caros, por razones ajenas al financiamiento de aquella, y que tienen que ver fundamentalmente con la calidad de la educación pre-escolar y escolar recibida.

El documento de Segpres añade que “la gratuidad es ineficiente, porque los varios miles de millones de dólares anuales que demandaría podrían destinarse con mucho más provecho a mejorar la calidad y la cobertura de la educación pre-escolar y escolar, que es donde se generan las desigualdades” Así, plantea el escrito, “siempre sería mejor destinar esos recursos adicionales a la educación preescolar y escolar, antes que a financiar la gratuidad universal de la educación superior”.

Por lo anterior, acota que “la gratuidad definitivamente no es una política idónea para reducir la desigualdad de ingresos monetarios existente en Chile, puesto que iría en beneficio principal de los sectores mejor situados”. Reitera que el que esta medida haya llegado a ser considerada por algunos como una política casi paradigmáticamente progresista, “no es sino reflejo de la capacidad de ciertos grupos de presión para distorsionar nuestro debate público en perjuicio de los realmente más necesitados”, concluye.

Por tanto, moverse de un sistema de elección y gestión privada hacia un paradigma de “gratuidad” como el observado en muchos países europeos implica aumentar la desigualdad. ¿Por qué? Porque en vez de entender los presupuestos educativos como un complemento, pasan a ser un banquete de gasto del que participa buena parte del país. En la práctica, esto apuntala un sistema que no está destinado a atajar situaciones de necesidad o dificultad económica, sino a desarrollar un mayor clientelismo.

Finalmente, conviene hacer algunas observaciones sobre la desigualdad:

En Chile se escucha a menudo que no hay país más desigual en América Latina, lo cual es una falacia. Además, si tenemos en cuenta los estudios de David Bravo y José A. Valderrama encontramos que calculando el índice Gini ajustado a las encuestas nacionales, Chile es el tercer país de la región con una distribución de ingresos más pareja. Algo parecido demuestra Claudio Sapelli, en su influyente estudio “Chile, ¿más equitativo?”.

Por otro lado no está de más señalar que la reducción en la desigualdad de ingresos alcanzó un mínimo histórico en 2011. Así lo vemos en la Encuesta Casen, publicada desde 1987. Según este indicador, la desigualdad sí había crecido entre 2006 y 2009, pero ha experimentado una reducción progresiva en los últimos tres años. Esta conclusión coincide con las que encontramos en las encuestas de empleo de la Universidad de Chile, que muestran que la desigualdad salarial en 2013 es la más baja de los 40 últimos años.

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