La gran desnacionalización chilena

Tal y como explica la revista Pulso, “hace 40 años, las empresas estatales representaban el 40% del PIB chileno. Hoy, descontando a Codelco, el aporte de las empresas públicas a la economía del país es marginal. Si en la época de Salvador Allende se intentó una revolución a la chilena por la vía de las expropiaciones, en la dictadura se llevó a cabo el traspaso de activos públicos al sector privado. “Fue novedoso, profundo, llamativo, sorprendente, aunque no estuvo exento de tropiezos y defectos”, afirmó en su momento el fallecido economista y fundador de la facultad de Economía de la Universidad de Chile, Dominique Hachette, en su estudio “Privatizaciones: Reforma estructural pero inconclusa”.

Con Allende en el poder “se expropiaron más de 500 de empresas, casi todas las textiles, 18 instituciones financieras y más de 325 industriales. Muchas se convirtieron en una pesada mochila para el Estado, profundizando déficit fiscal debido a las transferencias que el gobierno central debía efectuar para garantizar su supervivencia. En 1973, el 85% de la minería, el 40% de la industria, el 100% de los servicios públicos, el 70% del transporte y de las comunicaciones y 85% del sector financiero llegó a ser controlado por empresas públicas”.

En los años que siguieron, “del proceso nacionalizador se pasó a todo lo contrario. Vino la privatización, con el fundamento de que el sector privado puede ser más eficiente en la distribución de los recursos. Fábricas de botones, financieras, empresas de servicios públicos como luz, agua y telecomunicaciones… Todo era un objetivo de posible enajenación. Los objetivos eran claros: reducir la intervención del Estado en la economía y aminorar la carga fiscal que se había arrastrado de administraciones anteriores”.

De este modo, entre 1974 y 1983 se procedió a realizar la “devolución gratuita de activos que habían sido tomados durante el gobierno de Allende y una privatización de servicios sociales. En tan sólo un año, unas 325 empresas fueron devueltas gratuitamente con la condición de que no iniciaran acciones judiciales en contra del Estado. Según destaca el estudio de Hachette: “el valor libro, a precios de hoy, representó aproximadamente US$1.000 millones”. En los años siguientes “se hizo un traspaso oneroso de empresas al sector privado de unas 207 instituciones financieras, industrias, distribuidoras mayoristas y otras empresas expropiadas por el sector público. El ingreso obtenido representó un promedio anual de 0,7% del PIB, equivalente al 3% de los ingresos fiscales”.

Otras empresas como CTC, Endesa, Entel, CAP, Schwager, LAN o Soquimich fueron privatizadas en los años que siguieron. El proceso se retrasó con la crisis de 1982 pero fue relanzado en la segunda mitad de la década con una nueva oleada de privatizaciones, esta vez canalizada por medio de las aseguradoras de fondos de pensiones que manejan de forma privada el sistema de jubilación chileno. Entre 1985 y 1989, el sector público empresarial pasó de significar casi el 18% del PIB a menos del 13%. La llegada de la democracia creó un nuevo marco regulador que continuó, no obstante, con las desnacionalizaciones y privatizaciones. En el sector eléctrico, empresas como Colbún son un buen ejemplo de ello. Incluso hoy siguen dándose nuevas privatizaciones: bajo gobierno de Sebastián Piñera, las acciones que Corfo poseía en Esval, Essbío y Aguas Andinas han sido traspasadas por entero al sector privado.

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