Por qué la UE y la OCDE no deben restringir la competencia tributaria internacional

Los territorios de la Corona Británica se auto-financian siguiendo viejos y sólidos acuerdos con el Reino Unido que establecen un total grado de soberanía económica, fiscal y financiera para estas demarcaciones. Este régimen de autonomía aplica desde hace décadas en jurisdicciones dispares como las Islas Caimán (Centroamérica) o las Islas del Canal (Europa).

Desde hace algunos años, la Unión Europea viene indicando ciertas quejas respecto a estos territorios. Los burócratas de Bruselas consideran que aplicar impuestos bajos puede entrar en conflicto con el Código de Conducta de la UE en materia de Negocios. Estas quejas, no obstante, no deberían ser trasladadas a Reino Unido, ya que Londres no posee soberanía alguna sobre este tipo de decisiones.

Al contrario, como señalamos antes, Gran Bretaña permite que estas islas y territorios fijen los impuestos que crean conveniente para garantizar su prosperidad. Es una feliz realidad que los mandatarios de estos refugios fiscales hayan elegido un modelo tributario tan atractivo. Nada ni nadie les impide hacer todo lo contrario y crear un infierno fiscal, pero ellos han preferido otorgarse ese tipo de régimen económico, con visible éxito en términos de riqueza, prosperidad y bienestar.

Curiosamente, aunque la UE ha vuelto a trasladar ciertas quejas sobre este tema, estos sistemas tributarios (conocidos como régimen 0/10 porque acostumbran a fijar sus principales obligaciones tributarias entre el 0% y el 10%) fueron avalados por las instituciones europeas en diferentes ocasiones.

Así, el ECOFIN avaló en 2003 que el régimen 0/10 es 100% compatible con el Código de Conducta de la UE en materia de Negocios. Quedó entonces zanjada una discusión relativa al régimen tributario de la Isla de Man, que había sido cuestionado en Bruselas.

Algún tiempo después sería la Corte Europea de Justicia la que indicaría que la UE no tiene ninguna jurisdicción sobre los regímenes tributarios de los territorios mencionados. “Este asunto cae completamente fuera de las competencias de la Comisión y de la Judicatura comunitaria, declaró en relación al régimen fiscal de las Islas Caimán.

Evidentemente, si la propia UE ha reconocido que no puede inmiscuirse en los modelos tributarios que aplican estos territorios de la Corona Británica, cabría esperar el mismo comportamiento hacia otros refugios fiscales. Los Estados miembros son libres de “armonizar” sus impuestos, pero no pueden exigirle lo mismo a aquellas jurisdicciones que no están en la Unión.

Precisamente por eso, es curioso que numerosos países europeos apoyen eso mismo a través de la OCDE, un think tank público con sede en París conformado por las principales economías del mundo desarrollado. Esta organización ha expresado públicamente que sus investigaciones tributarias no pueden “dictar a los países qué niveles de impuestos deben aplicar”… pero también ha creado una “lista negra” en la que ha incluido a aquellas demarcaciones cuya fiscalidad es demasiado baja.

En esta categoría entran los llamados “paraísos fiscales”, término derivado de una traducción equivocada del inglés, ya que “tax haven” significa en realidad “refugio fiscal”. Sin embargo, el criterio resulta un tanto arbitrario: de hecho, hay países dentro de la OCDE como Suiza y Luxemburgo que no han querido firmar este tipo de publicaciones.

De momento, y pese a las presiones, buena parte de estas demarcaciones se mantiene firme en la defensa de su soberanía. Si la presión de los países de la OCDE sigue sin tener frutos, la otra vía de actuación podría ser la imposición de barreras y restricciones económicas a estos territorios. Sin embargo, acabar con la competencia tributaria  tendría resultados muy dañinos en la UE y sus socios.

  1. En primer lugar, los contribuyentes perderían su libertad de invertir o ahorrar en otros países en los que las condiciones económicas son más favorables.
  2. En segundo lugar, los gobiernos dejarían de “competir” con otras jurisdicciones y, como resultado, tendrían menos incentivos para diseñar modelos tributarios más atractivos y eficientes.
  3. En tercer lugar, se “secarían” notablemente los flujos de inversión que llegan a los países desarrollados, ya que las ventajosas condiciones que ofrecen estas jurisdicciones sirven como “hub” y como canalizador de los capitales que tarde o temprano llegan a nuestros países y crean empleo y riqueza.

Siga al autor en Twitter @diegodelacruz

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