Las empresas públicas deben 52.000 millones de euros

En 2002 había en España 1.636 empresas públicas; en 2006, se contaban más de 3.000; ahora mismo, si hacemos caso al líder de la oposición, Mariano Rajoy, superan las 3.800. Los políticos autonómicos y locales han descubierto una manera muy fácil de desviar deuda y darse publicidad. Estamos hablando, pues, del 4,8 del PIB español.

Las empresas que entran en esta categoría son esas entidades de naturaleza híbrida, propiedad del poder público pero que compiten en el mercado (aunque muchas veces pagan sus deudas con cargo a los Presupuestos) y que se dedican a actividades tan diversas como el transporte ferroviario (RENFE), la producción de corcho (La Almoraima) o los seguros (CESCE)…. La razón de la existencia de muchas de ellas es un misterio que quizás los políticos tendrían que explicar en algún momento.

La querencia de los políticos españoles por la creación de empresas públicas tiene numerosas explicaciones. Los partidos alegan muy diversas motivaciones, desde el mantenimiento de puestos de trabajo, el impulso a nuevos sectores productivos. Sin embargo, simplemente con ver la lista de que aparece en el Inventario de Entes del Sector Público Estatal, es fácil darse cuenta de que ninguno de esos argumentos tiene una base muy sólida. Y eso sin entrar a valorar las muy curiosas actividades a las que se dedican los entes regionales y municipales.

Sin embargo, es posible reducir el número de empresas públicas. Entre los años 80 y 90, el Estado acometió un proceso de reformas en su sector público empresarial que le llevó a poner en el mercado a compañías emblemáticas como Seat (año 1986), Iberia (1999), Tabacalera (1998) o Telefónica (varios años) entre muchísimas otras. Según el estudioEmpresa pública: privatización y eficiencia, publicado por el Banco de España, estas ventas supusieron más de 30.000 millones de euros. Además, los autores destacan que la privatización “un efecto positivo de la privatización sobre el stock de capital real, la ratio capital trabajo y la remuneración real de los trabajadores y negativo sobre el empleo, su endeudamiento y su cuota de mercado”. Vamos que produjo empresas más eficaces, más productivas, menos endeudadas, que ya no son monopolios legales y que pagan mejor a sus empleados.

Seguramente los políticos españoles tienen muchas otras razones que oponer para mantener esas 3.800 empresas, esos 50.000 millones de deuda y los más de 500.000 trabajadores que están en sus nóminas. Pero si es así, tendrán que explicarlo muy bien a sus ciudadanos, porque viendo las cifras ésta es una realidad que, aunque se trate de ocultar, es cada vez más incomprensible.

Texto completo disponible aquí.

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