“Pongamos el caso de un empresario del sector del juego que se dedica a fabricar máquinas tragaperras y venderlas a casinos y establecimientos de toda España. El sentido común y la economía de escala lleva a la empresa a elaborar un mismo modelo para todo el territorio nacional. Pero no puede. ¿Por qué? Porque cada comunidad autónoma ha establecido por ley que la palanca que acciona el juego de dicha máquina tenga unos determinados centímetros de longitud. Así, el empresario debe emplear más recursos para adaptarse a 17 legislaciones y hacer 17 tragaperras diferentes”
Así relata el periódico Expansión el viacrucis al que se enfrentan numerosos empresarios a la hora de hacer negocios en España. El problema no es menor, tal y como explicó en mayo de 2012 un informe de la CEOE en el que se indicaba que “esta dispersión desincentiva e inhibe la iniciativa empresarial”. ¿El coste de la madeja legislativa? La friolera de 45.000 millones de euros.
La siguiente recopilación, también publicada por el diario Expansión, recopila algunos ejemplos de este grave freno al sector privado:
Pueden consultar un inventario de 84 casos similares a los descritos en la infografía haciendo click en este link. El estudio, de la CEOE, cuantifica el impacto económico de estas diferencias legislativas.
El problema es que esta marañan legislativa no podrá simplificarse ni eliminarse fácilmente. El Secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, ya ha reconocido la “complejidad” de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado que se ha anunciado para 2013. Al fin y al cabo, el gobierno central topará aquí con las competencias de las CCAAs y los municipios. La estrategia que seguirá el Ejecutivo beberá del Derecho comparado, con la aspiración de crear una “ley de mínimos”. Cabe señalar que el artículo 139.2 de la Constitución Española alberga la justificación para esta intervención del poder central:
“Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstraculice la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español”
Otra vía de actuación es el Fondo de Liquidez Autonómica: el Ministerio de Hacienda ha vinculado el “rescate” de las regiones a la adopción de medidas favorables a la unidad de mercado. De esta forma, parte de los escollos quedarían resueltos mediante la condicionalidad exigida para acceder al FLA.
En una situación ideal, la competencia entre autonomías y municipios debería habernos llevado a la situación contraria. Sin embargo, la falta de responsabilidad fiscal en nuestras regiones y ayuntamientos permite que se adopten medidas anti-económicas con el respaldo de los fondos que llegan de otras comunidades o consistorios. Si todas las Administraciones se viesen obligadas a gestionar el grueso principal de sus ingresos y gastos, el Estado central dejaría de financiar comportamientos poco competitivos, por lo que la diarrea legislativa y otros problemas que enfrenta nuestra economía quedarían resueltos en gran medida.
Si quieren leer el último informe que ha publicado la Fundación FAES sobre este tema, hagan click aquí.
