En tiempos de crisis estamos comprobando que la labor de la caridad y la beneficiencia privada es mucho más efectiva y eficiente que los servicios asistenciales del Estado. Esta semana ha dado un buen ejemplo de ello la Fundación Amancio Ortega, que ha movilizado veinte millones de euros a beneficio de Cáritas. El objetivo de esta significativa donación es ayudar a la organización humanitaria de la Iglesia Católica es seguir ayudando a los casi dos millones de personas que necesitan asistencia en materia de alimentación, ayuda farmacéutica, servicios de vivienda, etc.
La donación de la Fundación del fundador de Inditex se une así a miles de españoles que, a diario, colaboran de diferentes formas con instituciones como Cáritas. Esta “red de seguridad” está siendo un auténtico salvavidas para millones de españoles que han encontrado en el ámbito de la caridad privada una ayuda muy necesaria.
Un modelo de futuro capaz de crear una verdadera red de seguridad
En adelante, España debe entender estas lecciones y dejar atrás la cultura del asistencialismo que, si bien puede otorgar réditos políticos, no consigue combatir la pobreza con la eficiencia, eficacia y genuina solidaridad que sí encontramos en el sector privado.
A continuación rescato unas líneas de Asís Tímermans sobre esta cuestión:
Cuando la asistencia pública se hace con dinero público, esto es, obtenido mediante impuestos, se obliga a las personas no a asistir a aquellos que tienen peor suerte que ellas, sino a hacerlo de una manera pagando una parte de sus salarios y delegando tal asistencia en quien el Estado decida.
No es extraño que, especialmente en Europa, muchos ni siquiera se planteen contribuir a ayudar a los necesitados por considerar que es una competencia estatal y que está suficientemente cubierta. Se piensa también que si el Estado no atiende a los más necesitados, estos perecerán o empeorarán su situación. Eso no es solo demostrablemente falso, sino que atrapa a los dependientes en las redes del Estado e inhibe a los ciudadanos de poner en práctica anhelos tan humanos y naturales como el de ayudar al prójimo de la manera en que estimen mejor.
El resultado es también ideológico: la caridad es uno de los conceptos más desacreditados de nuestra cultura. No tiene, de hecho, cabida en el debate político, en el que solo está permitido hablar de solidaridad y de derechos sociales. Se ha producido, en la práctica, una expropiación de la caridad, que solo es estimada y estimable si se ejerce de forma coactiva a través del Estado. El debate sobre la caridad privada y la asistencia social no debería obviarse. Especialmente en este país y en este tiempo.
El Estado debería devolver a la sociedad civil muchas de las tareas de asistencia que ha asumido en los últimos años. Además, cuando se decida destinar partidas presupuestarias a este tipo de actividades, sería conveniente que el Estado limite su rol a un papel más limitado. De esta forma, la sociedad dispondrá de los recursos y los incentivos adecuados para tejer una “red de seguridad” verdaderamente solidaria, eficiente y atenta a las necesidades de los que menos tienen.
Para promover este nuevo paradigma, el Estado puede ayudar con deducciones fiscales para actividades caritativas. Otra vía de actuación es mantenerse como donante puntual de organizaciones que demuestren su excelencia en este ámbito, como de hecho ocurre con Cáritas. Finalmente, también cabría esperar del poder público un nuevo discurso de cara a este tipo de actuaciones, rara vez reivindicadas por los representantes políticos pero tan importantes en los tiempos que vivimos.
